Dimite el letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, denunciado por acoso laboral

Será sustituido por Edmundo Matía, el letrado de más antigüedad de la Cámara

El letrado mayor de las Cortes de Castilla y León Marcos Herrero, a la llegada a los juzgados

El letrado mayor de las Cortes de Castilla y León Marcos Herrero, a la llegada a los juzgados / R. Valtero - Ical

Efe

Valladolid

 El hasta ahora letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, ha dimitido este viernes de este cargo, tras conocerse varias sentencias judiciales contrarias a los intereses de la institución parlamentaria y en pleno proceso de investigación judicial por una denuncia por acoso laboral de una funcionaria contra él.

Fuentes del Parlamento autonómico han confirmado a Efe que de forma provisional será relevado por el letrado Edmundo Matía, al tratarse del jurista con más antigüedad en la Cámara, quien además está a solo unas semanas de jubilarse tras una dilatada trayectoria parlamentaria y haber ejercido ya como letrado mayor en varias etapas.

La dimisión de Marcos Herrero se produce tras meses de debate político sobre su situación, cuestionada por todos los grupos parlamentarios al comparecer como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid por una denuncia tramitada por la Fiscalía ante la situación de una funcionaria de las Cortes que reclamaba volver a una plaza y que derivó en una investigación por si fuera constitutivo de un delito de acoso laboral.

Denuncia

Además, en los últimos meses han sido varias las resoluciones judiciales contrarias a las Cortes de Castilla y León bajo el asesoramiento jurídico del hasta ahora letrado mayor de esta Cámara, algunas de ellas vinculadas con el otro proceso de la denuncia por acoso laboral.

De hecho, la última de ellas fue un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reclamaba a la Mesa de las Cortes la ejecución inmediata de la sentencia que implicaba reponer en su puesto de Jefa de Gestión Administrativa a la funcionaria que había denunciado su situación, hasta el punto de que el Alto Tribunal remitió documentación al Juzgado de Instrucción porque entendía que podía haber implicaciones penales en la actuación del letrado mayor.

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