El TSJ anula las bases del Toro de la Vega aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas en 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estima el recurso interpuesto por el Partido Animalista (Pacma) y anula las bases del torneo de 2022 aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), con el aval de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al entender que es “contrario a derecho”. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo no es firme y puede recurrirse en el plazo de 30 días. 

Según la resolución judicial, la nueva versión del torneo, que pretendía ajustarse al Decreto-Ley 2/2016, que prohíbe expresamente la muerte del toro en presencia del público y que se basaba en la sustitución de las tradicionales lanzas por otras nuevas acabadas en punzones, constituye un “nuevo” espectáculo y no una adaptación del anterior, algo que no estaría permitido por la normativa vigente.

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“Las nuevas bases van más allá al regular un nuevo torneo en su integridad que ahora consiste en clavar en el animal unas divisas”, señala el fallo. Además, añade que por más que hablen de “colocar”, de lo que se trata es “esencialmente de clavar” ese objeto en el animal. La novedad, continúa, no parte solo de la propia modalidad, sino de “toda la regulación” que la acompaña. 

“La permanencia de la esencia del torneo no nos permite considerar como adaptación lo que no es”, apunta el TSJ, que señala el nuevo festejo no puede decirse que sea “conforma a la costumbre del lugar”, ni tampoco que tenga una antigüedad de al menos 200 años, informa Ical. 

No puede considerarse un espectáculo tradicional

Esta nueva modalidad del festejo, añade, “gira en torno a las divisas que deben clavarse en la res de lidia, no siendo esta acción algo secundario o accesorio al espectáculo”, de modo que, “el Torneo del Toro de la Vega no puede considerarse un espectáculo tradicional” y, por tanto, estaría terminantemente prohibido por la normativa autonómica “herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”.

La sentencia reconoce también defectos formales en el procedimiento, como la ausencia de evaluación de impacto normativo y económico, advierte de que el Ayuntamiento de Tordesillas fue incapaz de presentar ningún informe técnico veterinario que avalase que esta nueva modalidad no podía provocar la muerte del animal, como defendía el partido animalista en su recurso.