Energía
La Junta investiga la muerte de una persona enferma de ELA por el apagón
Se realizó una llamada de teleasistencia, pero cuando llegó el soporte vital básico el enfermo, que precisaba oxigenoterapia ya había fallecido

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz Fernández Carriedo. | MIRIAM CHACÓN /
Ical / Europa Press
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que la administración autonómica no puede confirmar que el fallecimiento de una persona con tratamiento de oxigenoterapia, con un respirador, fuera causada por el apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado lunes en España. En todo caso, anunció que se llevará a cabo un estudio "más detallado" para determinar la causa de la muerte, que pasará por evaluar las horas de las llamadas en que se pulsó el botón para solicitar teleasistencia por que cuando llegó el soporte vital básico de Sacyl ya había fallecido.
El Plancal desactivado
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo recordó que esta persona tenía, al igual que otras 3.500, un sistema de ventilación mecánica domiciliaria, que requiere un suministro eléctrico. Precisó que se trata de unos dispositivos con un sistema de baterías de entre 6 y 9 horas. "No queremos anticipar si ocurrió algo con la batería o hubo otra circunstancia", añadió.
Dejó claro que la misión de la Junta es atender a los pacientes, tal y como se hizo con las personas con tratamiento de oxigenoterapia que contactaron con el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 para solicitar ayuda sanitaria o comunicar alguna incidencia.
Además. la Junta de Castilla y León desactivó ayer el Plan Territorial de Protección Civil (PLANCAL), puesto en marcha el lunes, 28 de abril, tras el apagón eléctrico generalizado que afectó a todo el país. La decisión se ha tomado tras confirmarse la completa recuperación del suministro eléctrico en las últimas zonas afectadas de Ávila, Segovia y la comarca del Bierzo (León).
También la Junta de Castilla y León "reforzará" la normativa para garantizar que los centros no públicos como los hospitales, las residencias de personas mayores y las “infraestructuras críticas” puedan aguantar 24 horas sin electricidad y dispongan de un “stock de seguridad” en combustible, alimentación y balas de oxígeno en sus instalaciones para hacer ante una eventualidad.
Además, el portavoz apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se iniciarán los expedientes informativos, y en su caso las sanciones que pudieran corresponder, sobre los centros no públicos que no tenían la garantía de los suministros establecidos en la normativa, sobre todo en el ámbito sanitario y servicios sociales. Carriedo señaló que el Consejo de Gobierno aprobó hoy reponer “con carácter inmediato” de los suministros 24 horas de combustible, alimentación y balas de oxígeno en los centros públicos, tanto sanitarios, servicios sociales y educativos, por que muchos de ellos se han tenido que consumir durante el apagón eléctrico del lunes pasado.
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