Castilla y León impulsa el comercio minorista y rural con 61 medidas y 122,6 millones
La consejera Leticia García presenta una nueva estrategia que destina 22,7 millones a frenar la pérdida de "actividad comercial" en los pueblos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Rubén Cacho / Ical
Ical
La nueva Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027 impulsará el sector con una inversión de 122,6 millones de euros para el desarrollo de 61 medidas. El Consejo de Gobierno aprobó hoy el nuevo programa, que presentó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, la zamorana Leticia García, quien explicó que el documento contempla actuaciones de apoyo económico destinadas a la modernización, formación y promoción, así como iniciativas para crear sinergias con otros sectores y medidas de carácter normativo. Además, resaltó que la estrategia incluye un plan específico de apoyo al comercio rural con un presupuesto de 22,7 millones de euros con el objetivo de "frenar la pérdida de actividad comercial" en los pueblos de la comunidad.
El plan, indicó la consejera, se ha elaborado con la participación del sector comercial y las entidades locales que han tenido ocasión de incorporar sus propuestas. La consejera incidió en que el objetivo último es "proteger y fortalecer" al sector, con lo que la estrategia "define, planifica y coordina" todas las actuaciones con impacto en estas actividades a desarrollar por las distintas consejerías del Gobierno autonómico, a través de seis ejes.
939 municipios sin comercio
García remarcó que el comercio constituye un "motor económico y social" de primera magnitud, con el 13,8 por ciento de las empresas de la comunidad, y una aportación decisiva al empleo, la población y el comercio rural, pero se enfrenta a importantes retos, sobre todo en los pueblos. Leticia García aseguró que el documento se elaboró sobre un análisis riguroso del sector en el que se recogen los principales problemas que arrastra el comercio minorista de proximidad y apuntó a la "atomización, escasa cultura empresarial, débil capacidad financiera, falta de relevo generacional y resistencia al cambio". Agregó que esos problemas que se agravan como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo digitales y las situaciones coyunturales que reducen la capacidad de gasto; y afectan en mayor medida al medio rural donde existen 939 municipios sin comercios físicos y 556 con tan solo uno o dos negocios dedicados a la actividad comercial.
La consejera se detuvo en los seis ejes y destacó que el de mayor presupuesto es el cuarto, con 55,7 millones de euros para fomento de la demanda del comercio minorista de proximidad, con medidas como los bonos al consumo, las ferias comerciales, campañas de promoción o el apoyo a proyectos singulares en entornos urbanos y mercados.
Zonas despobladas
Asimismo, se detuvo en el eje seis, que incluye un plan específico de apoyo al comercio rural, con un presupuesto de más de 22,7 millones de euros, y que tiene como objetivo último frenar la pérdida de actividad comercial en los pueblos. Anunció la consejera un estudio específico sobre el terreno que verá la luz en los primeros meses del 2025 para conservar los comercios que todavía sobreviven en zonas despobladas. Paralelamente, explicó, se contemplan actuaciones centradas en promover la comercialización y garantizar el abastecimiento, con medidas para favorecer el consumo y la venta ambulante; junto con una colaboración específica con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos del medio rural y los Grupos de Acción Local. Leticia García también remarcó la importancia del segundo eje, centrado en la formación y cultura comercial, dotado con 12,6 millones de euros. García apostó por la profesionalización del capital humano del sector así por campañas de promoción, sobre todo entre los más jóvenes.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno declaró de especial interés los planes estratégicos de I+D de las empresas Azucarera, en Burgos, León y Zamora, Nissan en Ávila, y Michelin en Burgos y Valladolid, y en consecuencia, aprobó ayudas por valor de 2,78 millones de euros.
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