Aprobado el nuevo plan de incendios forestales de Castilla y León: así se actuará contra el fuego este año

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto-Ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que permitirá pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, especialmente los procesos de cobertura de personal y medios del operativo. No en vano, el decreto ley modifica otras normas que afectan al operativo. De esta forma, la Junta se anticipa al compromiso legal de aprobar el plan anual sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya cumplido su obligación de establecer las directrices en un real decreto que aún no ha dictado. 

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El decreto-ley de la Junta incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo; modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias. 

En cuanto a la modificación de la Ley de Montes, se incluye la configuración básica del operativo de lucha contra incendios forestales de la Comunidad, dándole así un respaldo con rango de ley, y con ello las adaptaciones derivadas de las últimas actualizaciones en la norma básica estatal, como lo relativo a los novedosos planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. 

Estos planes integran formalmente la planificación de todo lo relacionado con la lucha contra los incendios forestales, y además son el requisito básico para permitir la colaboración de la Administración del Estado en las tareas de restauración tras los grandes incendios, cuestión que también recoge el nuevo decreto-ley. 

El plan aprobado cuenta con el análisis territorial de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales, de acuerdo con las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y de combustible; el diseño general del dispositivo para atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales; la asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actuaciones contempladas; los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, o la regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales en relación con los distintos niveles de riesgo.

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Además, el decreto ley modifica la orden que regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León, para adecuarla a las previsiones de un real decreto ley de 2022 en materia de prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico, recogiendo las obligaciones establecidas en el caso de riesgo muy alto o extremo.

Bolsas de empleo

El nuevo decreto-ley autonómico también modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, a la que se añade una disposición adicional para regular la constitución de bolsas de empleo de cuerpos o escalas integrados en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales mediante un sistema específico más ágil.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, apuntó que el incendio de la Sierra de la Paramera, en la provincia de Ávila, y especialmente los virulentos incendios del verano pasado llevaron a la Junta a buscar el consenso de este nuevo modelo en el marco del Dialogo Social con la patronal y los sindicatos, lo que derivó el 27 de septiembre de 2022 en la firma del acuerdo para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025. Un acuerdo que, recordó, abarca ámbitos tan variados como la dotación de personal, su formación y seguridad o la contratación reforzada de medios de extinción, de modo que se mejore la eficacia del operativo en la prevención y extinción de grandes incendios forestales.

Además, recordó que el Gobierno central publicó el Real Decreto-Ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. Esta norma, precisó, ha modificado la Ley de Montes estatal, “imponiendo” una serie de obligaciones a las comunidades autónomas; norma que, si bien se hizo sin la consulta y el consenso con las comunidades autónomas, son de obligado cumplimiento y requieren de una regulación autonómica para su correcta ejecución, que no podrán llevarse a efecto en los plazos establecidos sin acometerlas de forma urgente.

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Dotación “suficiente”

Suárez-Quiñones destacó que el decreto ley forma parte de las acciones de la Junta para reforzar en la Comunidad el operativo permanente con que cuenta, con una dotación de medios humanos y materiales suficiente para poder acometer en las mejores condiciones y con mayores capacidades los nuevos episodios de grandes incendios forestales que con mayor frecuencia e intensidad se produce en Castilla y León, como ocurre en las regiones y países del entorno.

“Los incendios forestales se producen durante todo el año y cada vez se adelantan más las condiciones climáticas o de sequía que favorecen los escenarios para que estos incendios se produzcan y alcancen elevada intensidad y grandes proporciones; por ello, es necesario anticiparse al máximo en reforzar el operativo”, sentenció.

A esta reforma le sucederán en los próximos meses la actualización del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), la revisión del Decreto que regula el operativo de incendios y el sistema de guardias y la orden de regulación del uso del fuego.

Pendiente de las guardias localizadas

Suárez-Quiñones recordó que el “único” aspecto que queda pendiente de acordar con los sindicatos es el de las guardias de localización fuera de la época de riesgo alto. En todo caso, precisó que es algo que se aborda en una mesa técnica creada y que se llevará al decreto de guardias ordinario que se va modificar. “Hemos demostrado que sabemos llegar a la parte social y sindical, por lo que seguiremos en esa dinámica”, añadió.