La Junta de Castilla y León acometerá en los Proyectos Generales de la Comunidad para 2023 un total de 566 actuaciones para luchar contra la despoblación, en el marco de la dinamización demográfica, con un total de 1.747 millones de euros, un 67,8% más que en 2021 y que equivale al 12,65% del total de las cuentas. Sin embargo, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, constató que las cifras “no son homogéneas” con las de hace dos años. Seis de cada diez euros se dirigen a servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), con 1.073 millones a través de 116 actuaciones, mientras que las infraestructuras (energía, industria, agricultura y medioambiente) suponen 190 millones y 75 acciones. Les siguen el patrimonio cultural y natural, con 209 actuaciones y 171,4 millones, el apoyo a las entidades locales, con 38 y 136 millones, en el marco del Fondo de Cooperación Local; y sesenta medidas en materia de vivienda, con 59 millones de euros.
En el análisis por áreas de gasto, el 36,42% de los recursos se aplicarán a gasto de protección y promoción social, con 636,24 millones de euros, donde además de los programas de atención social se incluyen actuaciones de vivienda; el 29,7% se destinará a gasto en materia de atención sanitaria, en las enseñanzas y servicios relativos a la educación, así como a programas de protección y puesta en valor del patrimonio cultural por un importe de 520,1 millones. Con el fin de apoyar la instalación y la actividad de las empresas, negocios y de emprendedores se movilizan 475,24 millones de euros, un 27,2% del total.
En este sentido, se deben añadir otras actuaciones que se gestionan aplicando criterios de priorización en pequeños municipios, como en materia de formación y promoción de empleo, donde se contempla un incentivo adicional de 500 euros cuando la contratación se produce en uno menor de 5.000 habitantes –incluye proyectos de fomento de la contratación indefinida, subvenciones para el fomento de la contratación del primer trabajador por autónomos o contratación temporal–. También en conciliación de autónomos, autoempleo, contratación de personas con discapacidad y en sectores de turismo y medio ambiente, así como de formación.
Teleasistencia
Por medidas y su asignación, destacan el incremento de usuarios de teleasistencia mediante la contratación administrativa directa del servicio, con 4,6 millones, en colaboración con las entidades locales; el desarrollo del Plan de Promoción del Programa de Autoprotección de Castilla y León, con 3,4 millones; el Programa “A gusto en casa”, con 2,4 millones, los casi cien millones para la ayuda a domicilio, “con el incremento de su intensidad y disminución del copago de los usuarios”; y el anteproyecto de vida de las personas con discapacidad en el medio rural, con 6,3 millones. Junto a ellas, 20 millones para ayudas por nacimiento y adopción en el medio rural, once para la conciliación familiar, 385 para inversiones y gastos de funcionamiento en centros públicos educativos, 9,2 millones para los programas Crecemos y Canguros, y 10,8 para infraestructuras juveniles.
