La Red de Protección a las Familias de Castilla y León atiende a 174.000 familias con 220 millones de euros anuales a través de diferentes prestaciones económicas que en 2019 benefició a 6.800 familias, que subieron a 11.000 en 2020 “debido a las circunstancias especiales” y que se situaron en 8.300 en 2021, aunque “esta situación se puede agravar en 2022 por la crisis derivada de la guerra que se está sufriendo”.
Así lo apuntó hoy la titular del área, Isabel Blanco, durante su visita al Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza de León, del que destacó que “va más allá de la faceta meramente educativa” y “apuesta por la inclusión y por romper las correas de transmisión entre las propias familias”.
El Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza de León cuenta en estos momentos con un total de 71 menores desde los doce meses hasta los seis años, de los que el 67 por ciento son gitanos, el 27 por ciento inmigrantes y el seis por ciento restante los niños del barrio. Estos datos hacen que el centro sea “totalmente inclusivo”.
Una inclusión que sigue la línea de trabajo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que este mismo verano consolidó en el barrio de Pajarillos, en Valladolid, el programa Conciliamos en verano para los centros 2030 en aras de “trabajar la inclusión de toda la sociedad del entorno” con una participación de unas 200 personas, por lo que “el próximo curso se extenderá al resto de los centros 2030 de la Comunidad Autónoma” para “trabajar por el acercamiento de los niños a la sociedad y facilitar a las familias más desfavorecidas la conciliación”.
Pobreza en la comunidad
A falta de conocer los fatos autonómicos de pobreza, que se presentarán en el día de hoy, Blanco señaló que los manejados por el Gobierno autonómico la sitúa entorno al 20 o 22 por ciento de tasa de pobreza en Castilla y León; una cifra “inferior a la de otras comunidades y cinco o seis puntos más baja que la media”, a pesar de lo que “hay seguir trabajando para ayudar las familias que se encuentran en especial riesgo y en situaciones de exclusión” y así “erradicar la pobreza”.
En este sentido, la consejera de Familia recordó la puesta en marcha en 2021 de dos planes de actuaciones estratégicas. El primero de ellos es específico para la población gitana con una dotación de 40 millones de euros en diez años y busca “la integración de los niños, la escolarización o el salir del círculo de transmisión de pobreza”. Por otro lado, se encuentra el plan de actuaciones estratégicas para combatir y prevenir la pobreza infantil.
La Red de Protección a las Familias de Castilla y León atiende a 104.000 familias
Asimismo, la Red de Protección a las Familias de Castilla y León atiende a 174.000 familias con 220 millones de euros anuales a través de diferentes prestaciones económicas que en 2019 benefició a 6.800 familias, que subieron a 11.000 en 2020 “debido a las circunstancias especiales” y que se situaron en 8.300 en 2021, aunque “esta situación se puede agravar en 2022 por la crisis de Ucrania y la guerra que se está sufriendo”.
Para ello, entre otras estrategias, Isabel Blanco puso de relieve que este mismo verano se pusieron en marcha los bonos de urgencia social, “una herramienta normativa jurídica para actuar a la mayor brevedad en situaciones puntuales”, como por ejemplo, “el incremento del 15 por ciento a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, en consonancia con lo que venía pasando con el ingreso mínimo vital en España”.
En este sentido, cifró en 13.000 las unidades de convivencia de Castilla y León que en 2019 percibían el ingreso mínimo vital, mientras que en 2021 hay 7.300 unidades, lo que muestra que “no ha sido capaz de absorber a todos los perceptores de renta garantizada de ciudadanía”, por lo que “la puesta en marcha de diferentes mecanismos para ayudar a las familias necesidades es una de las prioridades de la Consejería de Familia”, al igual que “incrementar los umbrales de las ayudas de emergencia”.
