Junta y afectados de Zamora piden que se renegocie el desembalse con Portugal

La situación generada por el cumplimiento del convenio pone en pie de guerra a los afectados de Zamora, que denuncian la falta de previsión por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, a la vez que, a través de un comunicado remitido a este periódico, anunciaban movilizaciones inmediatas en caso de que no se detenga de forma urgente el vaciado actual del embalse de Ricobayo.

También desde la Junta de Castilla y León, su portavoz Carlos Fernández Carriedo, ha sugerido que el Gobierno debería hablar con Portugal sobre el cumplimiento del acuerdo de Albufeira, y el desembalse de agua de varias cuencas con destino a ese país, entre ellas la del Duero, en un año como éste, especialmente seco. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo se ha puesto “en este debate del lado de los agricultores de León, Zamora y Salamanca”. Carriedo ha sostenido que no conoce las relaciones internacionales ni las obligaciones del Gobierno con un país amigo, aunque ha sugerido esa posibilidad de hablar con Portugal.

También ayer se pronunciaba sobre este acuerdo con Portugal la delegada del Gobierno en Castilla y León, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical. Virginia Barcones, dejaba claro que “el Estado español es serio”, por lo que “cumple con el Convenio de la Albufeira, firmado por el presidente Aznar” en 1998, “ello no quita para que el Gobierno empatice plenamente con el sentimiento de los agricultores en momentos en los que la meteorología les está haciendo sufrir muchísimo”.

No obstante, a pesar de “compartir del sentimiento” y trabajar por “minimizar las pérdidas”, el convenio “es de obligado cumplimiento desde hace 24 años”.

Los datos de cuántos hectómetros le quedan por aportar a España o de dónde van a salir no son públicos, no son accesibles para los regantes y tampoco son compartidos por el Ministerio de Transición Ecológica.

El lunes, más de 3.000 personas, entre ellas zamoranos, acompañadas de 300 tractores se manifestaron en las calles de León para protestar por el trasvase de agua a Portugal y para pedir que no se utilizase la poca agua que habían ahorrado tras el verano “para que los portugueses produzcan electricidad”. “Queremos que se revise el Convenio de Albufeira y lo adapten a la situación actual, porque si no el año que viene nos vamos a ver igual”, aseguran los regantes.

El diálogo entre España y Portugal en este sentido es constante, y, según explican desde el Gobierno, hay precedentes de cuencas que otros años no han cumplido con lo pactado en el convenio y que se han llegado a acuerdos, pues el objetivo es hacer un uso compartido razonable del agua de los ríos que comparten ambos países.

Aun así, estos últimos ocho días se intentará sacar el agua “de donde se pueda” con tal de intentar llegar “hasta donde se pueda” de lo pactado. “Estamos buscando todas las vías razonables para intentar que sea de una forma equilibrada y que el peso no recaiga en una sola de las partes implicadas”, apuntan las mismas fuentes.

Según los regantes, ante la amenaza de que los agricultores pudieran concentrarse en las calles o incluso intentar cerrar por su propia mano las compuertas de los embalses, el Gobierno decidió reducir a poco más del caudal ecológico —es decir, al mínimo—, el agua que tenían que ceder las presas que se utilizan en la zona para el riego, la de Porma y la de Riaño. Una versión que desmienten desde el gobierno central, donde apuntan a que “se está haciendo lo que se puede para cumplir con lo pactado”, pero que en ningún momento ha sido por sus amenazas.

En cualquier caso, los datos ofrecidos en el Boletín Hidrológico semanal publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuntan a que el caudal de agua que está saliendo de las presas utilizadas por los regantes no está siendo mayor de lo habitual. Es decir, que si España se está apresurando para cumplir con lo pactado en el convenio, esa agua no está saliendo de sus pantanos.

“Que no nos la quiten a nosotros, que se la quiten a las eléctricas que tienen varias presas en la zona solamente para generar energía”, pedía Ángel González, portavoz de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Almendra y Ricobayo

Coincidencia, o no, los datos del propio Miteco apuntan a que dos presas que cumplen esa condición llevan desde la semana pasada perdiendo mucha más agua de lo habitual.

El embalse de Almendra, entre Zamora y Salamanca, y el de Ricobayo, también en Zamora, almacenaron en la primera semana de septiembre 10 y 4 hectómetros respectivamente, mientras que en la segunda el primero perdió 17 hectómetros y el segundo 39. Una pérdida de agua embalsada que la semana pasada, tras las primeras protestas y justo antes de la manifestación, se incrementó hasta los 72 hectómetros perdidos en Almendra y 76 en Ricobayo en solo siete días. En ninguno de los otros 32 embalses de la cuenca del Duero se produjo una pérdida mayor de 7 hectómetros.

Sin embargo, estos dos embalses cumplen también otra función: el abastecimiento humano. Almendra, por ejemplo, que no se utiliza para riego pero sí para generar electricidad, también sirve para abastecer a la zona del Sayago, donde viven alrededor de 12.000 personas.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman a este periódico que se están llevando a cabo “obras de emergencia para garantizar que la aportación de caudales del embalse de Almendra no afecte a las poblaciones de la mancomunidad de Sayago”. Unas obras que se traducen en que la boca por la que se obtiene el agua para el abastecimiento ha tenido que ser colocada más abajo en el muro de la presa para que, si baja mucho el nivel del pantano, pueda seguir dando suministro. La prioridad, mantienen desde el Gobierno, es que la posibilidad de que se vea comprometido el abastecimiento humano no esté ni remotamente cerca.

“Se están movilizando los recursos pero siempre con esa línea roja de que no peligren los abastecimientos humanos y, si en algún momento ha habido algún tipo de riesgo, se han llevado a cabo obras de emergencia para garantizar que no hubiera ningún problema”, indican en el Ministerio que dirige Teresa Ribera.

“Desconfiamos mucho del Gobierno, por eso no podemos dejarlo en la solución que nos han dado para este año, porque si no en la próxima sequía que tengamos van a volver a actuar igual y nos vamos a ver en las mismas. Lo que tienen que hacer es sentarse ambos países y adaptar ese convenio de 1998 al riego y la climatología de 2022”, explica a este periódico Ángel González, portavoz de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que asegura desconocer cuánto tiene que aportar cada cuenca y cuánta agua falta por poner rumbo a Portugal.

“La Confederación Hidrológica del Duero nos había dicho que iban a coger unos 24 millones de metros cúbicos, pero no nos lo creíamos, la verdad. Se sabe cuándo abren las compuertas pero no cuándo las cierran, hacen lo que les da la gana. No son claros con los agricultores, porque por ejemplo en Santa Teresa, que también es un afluente del Duero, les sacaron 54 hectómetros. La presidenta de la confederación dice que solo cumple órdenes del ministerio, pero no se puede confiar mucho en ellos”, añade.

“Queda un día menos para la próxima sequía, aquí sabemos que tenemos que ahorrar agua siempre que podamos porque estamos en manos de la climatología”, explica a este periódico el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (FerDuero).

Desde el Miteco explican que cualquier decisión de reducir el caudal no se toma de forma “discrecional ni atendiendo a consideraciones caprichosas”. En cualquier caso, aseguran, “no es legal retener agua por conveniencia propia para usos económicos”, por lo que, a menos que se renegocie el convenio el año que viene, España deberá seguir cumpliendo con las mismas obligaciones.