Profesionales agroganaderos de Castilla y León “tomaron” ayer las calles de Valladolid para reclamar a Junta y Gobierno de España que “dejen sus guerras políticas” y afronten de manera conjunta un plan de choque que incluya 1.000 millones de euros en ayudas para “salvar al sector”.
Un millar de personas, según informó la Policía Nacional, se sumaron así a la convocatoria realizada por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG para manifestarse ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León, y recorrer posteriormente diversas calles de Valladolid hasta acabar frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para reclamar también el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y un topaje al precio de sus insumos bajo el lema “si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer”.
Y es que los agricultores y ganaderos afrontan una situación de incertidumbre que “nunca había tenido como en estos momentos”, según informó el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, instantes antes del comienzo de la manifestación, debido al aumento de los costes que hace que “sean mayores que la rentabilidad de la propia producción”. Esto puede llevar, según el principal representante de Asaja en la comunidad, a “retroceder 40 años en cuanto a siembras, producción, abonados y utilización agronómica”.
“La agricultura y la ganadería profesional de Castilla y León, que es el granero de España, se arruina porque los costes de producción no nos permiten desarrollar nuestra actividad”, continuó esgrimiendo Dujo, que aseguró que el precio de los insumos para una explotación de 150 hectáreas se han multiplicado en un año de los 75.000 euros que costaron en 2021 a los 180.000 euros que requieren en 2022 “sin saber qué se va a coger ni a qué precio se van a poder vender los productos”.
Esta opinión fue corroborada por el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, que calificó la situación para el sector como “muy delicada” debido a que las ayudas que el Ministerio concedió en marzo “se han quedado escasas” ante el incremento de los costes de producción, y la incertidumbre puede llevar a muchos agricultores a “arriesgar un capital para producir alimentos para la sociedad que, si viene un año como este, arruinará a algunos y se tendrán que marchar”.
Más allá fue su compañero en la Alianza, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, que aseguró que el precio del abono se ha duplicado desde los 421 millones que se invirtieron para utilizar 1,1 millones de toneladas en la pasada campaña a los 900 millones que costaría el uso de la misma cantidad en el día de hoy. “Estamos en una situación compleja que nunca habíamos conocido ante una sementera que vamos a comenzar”, reflexionó.
Por ello, las tres organizaciones agrarias salieron ayer a la calle en Valladolid para reclamar un plan de choque, más aún ante una PAC que entrará en vigor el 1 de enero y que Dujo calificó como “retrógrada”.
