La Junta de Castilla y León aprobó ayer en la reunión del Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y León, que tendrá un impacto sobre las arcas autonómicas de 36 millones de euros al año, lo que supone unos 144 millones en una legislatura completa. Esta norma, que se envía para su tramitación a las Cortes, incluye la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como de otros tributos, tasas, junto a medidas para el medio rural.
En la comparecencia posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que la mayor parte de los 36 millones que supondrá esta rebaja fiscal, se corresponde con la aplicada en el tipo mínimo de la tarifa autonómica del IRPF, que pasa del 9,5 al nueve, al suponer 20 millones, lo que convierte a Castilla y León en la segunda comunidad con este impuesto más bajo.
No obstante, admitió que el proyecto de ley llega ahora a las Cortes para su tramitación, por lo que evitó avanzar si se cumplirá el calendario previsto, ya que anteriormente se preveía su aprobación antes de que acabara 2022. En cualquier caso, el consejero señaló que sus efectos serán retroactivos al 1 de enero de este año y añadió que ahora el texto queda en manos de los grupos parlamentarios, a los que corresponde la presentación de las enmiendas a la totalidad o parciales.
El consejero de Economía defendió que en un contexto de incremento de tipos de interés, precios y aumentos de impuestos, la comunidad opta por una rebaja del IRPF, así como por diversas tasas y la denominada “fiscalidad rural”. Así, se contempla la supresión del Impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, al haber aprobado el Estado un tributo en esta materia.
De esta manera, el consejero subrayó que Castilla y León mantiene un único impuesto verde, el referido a la afección medioambiental por la generación de electricidad, que conlleva una recaudación de 60 millones, mientras otras comunidades cuentan con entre ocho y diez.
Asimismo, Fernández Carriedo indicó que la rebaja que se aplicará en el IRPF es del 5,3% y destacó que las familias de Castilla y León tendrá menos dificultades para llegar a fin de mes. También envió el mensaje de que no se suben los impuestos y se expresa la apuesta por el mundo rural, con bonificaciones y medidas fiscales sobre la natalidad, el emprendimiento o la actividad agraria.
Calidad de los servicios
Todas estas modificaciones fiscales se anunciaron al inicio de este mandato en el que se adoptaron diferentes medidas para hacer frente a un contexto de crisis, vinculado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Fernández Carriedo defendió que Castilla y León ha demostrado que se pueden bajar los impuestos y mantenerse en cabeza en la calidad de los servicios públicos prestados y recordó que en el primer año la supresión en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones fue de 153 millones, lo que conllevó un aumento de la recaudación, sin embargo, en materia de ganancia patrimonial.
En relación a las medidas destinadas al medio rural, se apoya la natalidad con un incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción de hijos e hijas cuando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Los importes serán de 1.420 euros por el primer hijo, 2.070 euros por el segundo y 3.300 euros por el tercero y siguientes. Esto supone un incremento de más del 4% respecto a las cuantías generales previstas en la deducción autonómica por nacimiento y/o adopción.
