La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL-TISCYL-CESM), como sindicato profesional con representación mayoritaria del colectivo de agentes medioambientales, a través de uno de sus sindicatos federados, la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales (APAMCYL), ha elaborado un exhaustivo informe que ya han remitido al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el que solicitan la creación de una mesa técnica de negociación de las condiciones de trabajo, estructura, logística, medios, organización y servicio del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León y una revisión de todo el Operativo de lucha contra los incendios a partir de una decena de medidas.
Sus conclusiones reflejan que los trabajos de prevención han de ser realizados en la parada de periodo vegetativo de las plantas, es decir, entre los meses de octubre y abril. Para ello, deberán programarse con un año de antelación desde los Servicios Provinciales las tareas a realizar para el personal de la administración y adaptarse las contrataciones públicas de estos trabajos cuya prestación vaya a ser realizada de forma externalizada a empresas privadas.
Este sistema debe permitir que el personal que realiza funciones de Bombero Forestal tenga una especial cualificación, técnica y física que garantice seguridad y prestación en operaciones de pronto ataque, dedicándose en la campaña exclusivamente a entrenamiento y práctica. Las áreas cortafuegos y áreas auxiliares de defensa deberán realizarse con la antelación suficiente y fuera de la época de riesgo alto. En ese sentido, en coordinación con la Consejería de Agricultura y con la colaboración de las OPAs agrarias, aconsejan la creación de una red de alertas de prevención de incendios forestales.
El informe, recogido por Ical, cuestiona la eficacia de los sistemas de detección mediante cámaras de vigilancia y subraya la cantidad de falsas alarmas y errores que se producen. En consecuencia, propone la paralización de la contratación e instalación de estos sistemas, fomentando mayor presencia de vigilantes en las torres y puestos de vigilancia con la ampliación de presencia al menos en otros dos meses por cada puesto de vigilancia adaptado a las condiciones del riesgo local.
Asimismo explica que no se deberían asignar funciones de Jefatura de Extinción ni Director Técnico de Extinción (DTE) a personal que no haya desarrollado al menos cinco campañas de incendios forestales.
También consideran necesario que se establezcan centros de avituallamiento concertados de forma previa en cada provincia, mediante empresas de catering, que puedan cumplir con un contrato de suministro que recoja las cantidades y calidades de alimentación (comida y bebida) y tiempos mínimos de suministro desde la petición del servicio hasta el punto del PMA donde se encuentre la emergencia.
Explica asimismo que los descansos de todo el personal que participa en la extinción de incendios forestales deben quedar perfectamente tasados en el Plan Infocal, para cumplir con estos descansos, días libres, derechos laborales, etc. Deberán planificarse unos contratos dimensionados en la medida que puedan atenderse las eventualidades que se produzcan, para que no queden torres de vigilancia, conductores de charlies, mangueristas, etc. sin cubrir, al menos entre los meses de mayo y octubre.
En cuanto a la investigación de causas, apunta que se deberían crear unas Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, Especializadas de Agentes Medioambientales (BIIF) para cuyo acceso, se establecerán unos requisitos mínimos de formación y experiencia en investigación.
Por otra parte reclaman que se adapte el sistema de comunicaciones a las mejores tecnologías disponibles que sean compatibles con el resto de autonomías limítrofes, así como las nomenclaturas que se determinen por provincias, y consideran que se hace necesaria una coordinación de acuerdos e incentivos apoyados en las herramientas que permita la PAC a la hora de incentivar el sector de ganadería extensiva o la implantación de cultivos de ciclo verde en la periferia de los montes o terrenos forestales.
También lamentan que la actual organización de personal tanto desde el punto de vista competencial, logístico y organizativo “ha quedado obsoleto, al estar basado de forma exclusiva en la gestión forestal de MUP”. “Se hace necesaria una reestructuración comarcal, para que de forma progresiva se organice el personal en Centros Forestales Comarcales desde donde se presten los servicios, al igual que las unidades territoriales de SAC (Secciones Agrarias Comarcales), Educación o Sanidad”, detallan.
Y por último, explican que el modelo de León y Salamanca donde en los helicópteros de tipo medio, con 6 y 9 plazas, se transporta además de los bomberos forestales al agente medioambiental (Jefe de Extinción) realizando estos las guardias de helicóptero, está demostrando su buen funcionamiento y debe extenderse a todas las provincias donde existe la voluntad de los agentes y los medios adecuados para su puesta en funcionamiento.
