El sindicato UGT reclamó hoy a la Junta de Castilla y León que obligue a la residencias privadas, con las que concierta plazas, que suban los salarios a los profesionales al menos un 6,5%, ya que la propia Administración ha aumentado un 8% la financiación de plazas en estos centros por la subida del precio del carburante y del transporte, de los precios de la alimentación y de los salarios. "Sin embargo, las tres principales patronales del sector llevan tiempo bloqueando la negociación del convenio y han intentado por todos los medios no subir los salarios a los empleados", lo que llevó al sindicato a elevar este asunto a los tribunales, con el resultado de una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a estas empresas a acometer la subida salarial del 6,5%, algo a lo que se niega una de las tres patronales.
"Hace más de 20 años que no se construyen residencias públicas en Castilla y León. A cambio, la Junta concierta plazas con las residencias privadas a cambio de un presupuesto asociado por plaza y por año. Esas plazas garantizan el acceso público de las personas mayores de nuestra comunidad a los servicios de dependencia. Y, aunque desde la federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León llevan años defendiendo una gestión 100% pública, la Junta continúa apostando por una gestión mixta y priorizando a las empresas privadas", sentencian.
Desde la organización sindical reclaman a la Junta que obligue a las empresas con las que tienen concertadas las plazas y a las que ha aumentado el presupuesto a subir los salarios de sus empleados de manera obligada antes de renovar contratos o aumentar su financiación. Cabe recordar, como aseguran desde UGT, que “este sector está muy feminizado". "Muchas de las labores son realizadas, además, por mujeres migrantes que tienen miedo a denunciar las condiciones de trabajo que padecen por las posibles rescisiones de contrato y sus consecuencias”.
Para atajar esta situación, UGT ve "imprescindible llevar a cabo inspecciones de trabajo suficientes que garanticen unas condiciones dignas para las empleadas". De igual manera, también es preciso que las personas contratadas tengan la formación y experiencia suficientes puesto que, según la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, "Si nuestros mayores no están atendidos por profesionales, no estarán bien atendidos”.
Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, que compareció en rueda de prensa junto a Zumalacárregui, sentenció: "Si los servicios para dependientes de Castilla y León se encuentran entre los mejores del país, no quiero ni imaginar cómo están las demás comunidades, porque aquí no estamos nada bien”.
