La Junta de Castilla y León ha asumido la tutela de los 85 menores procedentes de un orfanato de Ucrania que llegaron al colegio La Inmaculada de Armenteros (Salamanca), donde los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, también tras denuncias de trabajadores y otras entidades, han detectado "casos de desprotección".

Según ha informado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los menores llegaron en abril a las instalaciones del colegio salmantino junto a su tutora legal, la directora del orfanato en el que previamente habían vivido en Ucrania, y de la mano de la Fundación Madrina.

Entonces, al entrar en Castilla y León, la Fiscalía de Salamanca abrió expediente de protección a cada uno por ser menores "desamparados", tal y como ha informado este órgano, de ahí que la Junta haya informado al mismo de la situación y del traslado de los menores a Valladolid, donde residirán a partir del mes de agosto, según ha confirmado también Isabel Blanco.

Sobre el proceso, la consejera ha explicado que la Junta ha realizado un seguimiento de los niños ucranianos y que "en algunas de las últimas visitas" tuvieron conocimiento de "casos de desprotección o que los menores no estaban correctamente atendidos tal y como estarían dentro del sistema de protección de Castilla y León.

Por ello, a mediados de junio, la Administración inició el expediente de tutela, que se ha hecho "efectivo" el 11 de julio para unos niños que continúan en Armenteros, a la espera de su traslado a Valladolid, donde residirán temporalmente hasta un posible regreso a su país.

Al respecto, Blanco ha explicado que el objetivo es que estén en un centro o "muy próximos" en el caso de que no pudieran estar todos en el mismo, y que la "guarda física" correrá a cargo de la asociación Accem, que tiene "amplia experiencia", con el propósito de permanezcan "no para adopción ni para acogimiento" sino para "garantizar el bien de los menores" y "tratar de organizar sus vidas" en unos menores que comenzarán en septiembre el curso escolar.

Sobre este caso, la consejera ha explicado que, "desde el primer momento", la Junta ha trabajado en coordinación con los ministerios de Exteriores y de Asuntos Sociales, así como con el Consulado ucraniano, que desea que los menores puedan regresar a su país "en cuanto sea posible", además de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y "de todos los agentes que intervienen en el proceso".