La Fiscalía pide cinco años y tres meses de prisión y alrededor de 10.000 euros de multa para Pablo Fernández, el joven de 22 años que, entre otros delitos, arrojó pintura contra la estatua de Colón en Valladolid el 12 de octubre de 2019, una acción con una “obvia justificación política”, enmarcada en las protestas que “en todo el mundo se estaban llevando a cabo contra el colonialismo a través de sus símbolos y personajes más destacados, fomentando en paralelo un importante debate sobre la persistencia del racismo estructural en las instituciones y en la sociedad”, tal y como defendió el propio acusado, que entonces contaba con 20 años.
“Que sepamos, nadie está en la cárcel por ninguna de estas protestas desarrolladas contra los símbolos conmemorativos del hecho colonial a ambos lados del charco, protestas mucho más que contundentes que resultaron habitualmente en la destrucción de estatuas o en su sustitución por personajes más acordes al curso de los tiempos”, defendió el acusado.
Fernández, al que se le imputan los delitos de odio, contra el patrimonio histórico y de robo con fuerza, por apoderase de banderas y otros objetos en la sede del partido Democracia Nacional, leyó un manifiesto frente a la propia estatua del descubridor para demostrar a la sociedad que el conjunto escultórico “se halla intacto, en perfecto estado, tal y como se encontraba en 2019”. “Celebramos el repentino interés de las instituciones por el estado del patrimonio de la ciudad, un interés a todas luces selectivo”, reprochó en un acto al que finalmente no acudió su abogado, motivo por el que prefirió no responder a las preguntas.
Será mañana viernes 3 de junio cuando el letrado acuda a un acto político que tendrá lugar en La Molinera, en la antigua fábrica de harinas. Las reivindicaciones continuarán el lunes, a partir de las 9.30 horas, en la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio.
Manifiesto
En su manifiesto, el acusado defendió que las peticiones de la Fiscalía “constituyen en sí mismo una aberración”, pues además de ser “absolutamente desproporcionadas si se comparan con algunos casos recientes que se saldan con la total impunidad para corruptos, agresores sexuales, narcotraficantes y delincuentes de todo pelaje, empezando por el rey emérito, y de ahí para abajo”. En este sentido, lamentó la “excepcionalidad” en la que se encuentra instalada la Administración de Justicia cuando “busca establecer un delito de odio contra los sentimientos de los ciudadanos españoles, donde tan solo cabe deducirse una acción de protesta contra la lectura fanática y xenófoba que se hace del pasado colonial”.
Después de una primera presentación histórica sobre las “bases del primer capitalismo global en su fase mercantil” que representaron el almirante e Isabel la Católica, David Fernández señaló que el colonialismo “constituye un problema de primer orden en las relaciones internacionales entre el Estado español y los pueblos de América Latina”. “Esta actitud chauvinista y esta total ausencia de autocrítica impide el desarrollo de una verdadera estructura de cooperación internacional mancomunada entre nuestro y Latinoamérica”, opinó.
Por último, denunció la actividad de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que “identifica visualmente a un joven de 20 años en media docena de actos y manifestaciones únicamente por su orientación ideológica y su filiación política”. Por ello, criticó la “indisimulada existencia de ficheros policiales con el historial de activistas, a los que se monitoriza sin haber cometido siquiera un delito”. También vaticinó que defenderá su inocencia durante el juicio “sin renunciar a señalar la naturaleza revanchista del procedimiento”, dado que, argumentó, las elevadas peticiones convierten al proceso “en el juicio político más importante de los últimos años en la ciudad de Valladolid”.
