El Procurador del Común, Tomás Quintana, insistió ayer en que la “ausencia” o la “insuficiente calidad” en el acceso a los servicios de Internet y telefonía móvil, incluso de la señal de televisión en el medio rural, “merman” los efectos de cualquier política mediante la que se pretenda luchar contra la despoblación.
En su comparecencia ante el pleno de las Cortes para presentar el informe anual de 2021, Tomás Quintana se refirió a la “brecha digital”, que remarcó “tiene especial relevancia” en Castilla y León dada la “dispersión” de parte de la población y las dificultades orográficas que afectan a “muchos núcleos rurales”.
Por ello, el Procurador del Común señaló que en sus resoluciones insistieron en que los problemas con Internet, el móvil o la televisión “atenta contra el principio de igualdad”, puesto que supone un “obstáculo, a veces insuperable”, para el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales, el acceso a los bienes y servicios que ofrece la sociedad de la comunicación o el inicio y desarrollo de actividades económicas.
Por otra parte, Tomás Quintana informó de que se tramitaron 14 expedientes por problemas relacionados con el acceso a las viviendas de titularidad pública. En algunas ocasiones, recordó, las dificultades afectaban a colectivos vulnerables que pretendían disponer de una vivienda pública en régimen de alquiler social. Por ello, la institución, dijo, pidió que las administraciones públicas se impliquen en la constitución y gestión de un parque público de viviendas en la comunidad que permita superar el “déficit” existente.
Durante su intervención, el Procurador del Común también habló sobre el impacto que tienen las plantas fotovoltaicas en las comunidad, sobre la importancia de mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural y reclamó a la Junta una estrategia específica para evitar la concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos con el objetivo de promover su integración y evitar segregación escolar en Castilla y León.
Tomás Quintana indicó que se debe impulsar la escolarización normalizada de los niños de etnia gitana en todas las etapas educativas, incluida la infantil previa a la escolarización obligatoria, así como el incremento del nivel educativo de este colectivo en la edad adulta.
Quintana defendió además “la objetividad e independencia” de la institución para “tutelar” los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en sus relaciones con las administraciones públicas y subrayó que el trabajo vuelve a la normalidad, aunque la crisis sanitaria no se ha superado en su totalidad.
El procurador lamentó que por segundo año consecutivo tuviese que hablar de la pandemia, si bien reconoció el efecto de la vacunación y subrayó como en 2021 un 10% de las quejas y un 18% de las actuaciones de oficio estuvieron vinculadas con el virus.
Un equilibrio entre el campo y las fotovoltaicas
El procurador del Común, Tomás Quintana, defendió ayer que tendría que buscarse un “equilibrio” entre dos “sectores estratégicos” para Castilla y León, como en su opinión son el desarrollo del sector primario y la promoción de las energías renovables, en este caso la de origen fotovoltaico. En su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe de actividad de 2021, Tomás Quintana aludió a la actuación de oficio promovida con el fin de conocer el impacto que la “proliferación” de los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas podría tener sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero, informa Ical.
En ese sentido, recomendó a la Junta que en los expedientes de autorización de uso excepcional de suelo rústico para la instalación de los llamados huertos solares evitase en aquellos terrenos que hubieran recibido una inversión pública para la construcción de infraestructuras de regadío y la modernización de las explotaciones agrarias existentes.
Preocupación por la Atención Primaria en el medio rural
El Procurador del Común, Tomás Quintana, expresó ayer la “preocupación” de la institución por la prestación de la Atención Primaria en el medio rural, donde recordó su población, de “avanzada edad”, afectada de “pluripatologías” y con dificultades para realizar desplazamientos, tiene que ser “debidamente informada” cuando se producen incidencias que afectan a la prestación de la asistencia sanitaria, informa Ical. En concreto, señaló que la prestación del servicio de sanidad en el medio rural ha determinado la tramitación de algunos expedientes que traían su causa en las quejas recibidas por la “falta” de atención presencial, las “deficiencias” de la atención telefónica o la “falta de profesionales” que afectaban a algunos consultorios locales. También aludió a la situación de la especialidad de pediatría, cuyas “carencias”, dijo, han determinado en algunos casos que los menores fueran atendidos por médicos de familia, entre ellos, destacó, en Benavente.
