La Consejería de Educación plantea la creación de 114 puestos de plantilla jurídica para el próximo curso 2022-2023, de los que 30 corresponden a maestros y 84 a enseñanzas medias (Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial), además de la puesta en marcha de 17 unidades en el conjunto de los centros públicos de la comunidad. Es la propuesta inicial que la Junta ha trasladado a los sindicatos y que ahora se debate en las mesas de negociación abierta en cada una de las nueve provincias. Un incremento de puestos que viene marcado por el acuerdo alcanzado entre Educación y la mayor parte de los sindicatos (Csif, SteCyL, CCOO y Anpe) sobre las bajadas de ratios de alumnos por profesor y la mejora de los horarios lectivos de los docentes.

La propuesta de modificación de las plantillas para el próximo curso, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, recoge 112 puestos de nueva creación, repartidas entre las 30 de maestros del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; las 55 de profesores de Educación Secundaria; las 25 de profesores técnicos de Formación Profesional (FP) y las dos de Régimen Especial. Además, se transforman dos plazas de maestros de instituto, que dan clase en los IES, como consecuencia del cambio provocado por la Logse y el salto de los alumnos de los colegios a los centros de Secundaria en lugar de a los 14 como ocurría antes al finalizar la etapa de EGB. 

El proceso de negociación de las plantillas jurídicas de los centros, que tiene lugar los meses de enero y febrero, busca determinar las plazas existentes en los colegios e institutos para que los funcionarios de carrera de los diferentes cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan obtener esas plazas mediante el citado concurso de traslados. Es decir, a principios de cada año se realiza un análisis de la situación de cada centro y las necesidades de puestos docentes para el próximo curso escolar.

La modificación al alza o a la baja de las plantillas jurídicas de los centros no supone ni creación ni destrucción de empleo. Este proceso determina si mantener la plaza, crear aquellas que van a tener continuidad en el tiempo en los centros por la existencia de un número suficiente de alumnos o eliminarlas, si ya no se han matriculado estudiantes desde hace dos o más cursos en las unidades que se suprimen. Por lo tanto, una cosa es la plaza jurídica que se crea y otra la funcional, que es la realidad de la que se ocupa en cada centro.

Con esta propuesta de modificación de plantillas, la provincia más beneficiada sería Burgos, donde se prevé la creación de cuatro unidades o clases, seguida de las tres de Valladolid. El resto de territorios tendría dos unidad más, salvo en los casos de Salamanca y Soria donde se contempla una. Zamora sería la única provincia sin nuevas unidades.

En cuanto al reparto de las 114 nuevos puestos para el próximo curso, Valladolid encabeza el listado con 25, junto a Burgos y Salamanca, con 17 (al incluir, en cada caso, una de transformación de los maestros de institutos). Les seguirían León, con 16. El resto de provincias tendrían ocho puestos nuevos, salvo en Palencia donde serían siete. En el caso de Palencia, tras la negociación de la Consejería con los sindicatos, el número podría aumentar en seis, tras sumar dos plazas en Primaria y cuatro en la ESO.