La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicó ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden por la que hace efectiva una subida del 6% como promedio en las cuantías de las prestaciones económicas de dependencia que tienen reconocidas unas 77.000 personas en la comunidad. En concreto y según consta en la orden institucional, el incremento de estos importes es del 6,2% de media en la prestación vinculada al servicio y en la de asistencia personal y del 5,8% en la de cuidados en el entorno familiar.
Con la modificación de las fórmulas de cálculo, los importes máximos para este año 2022 en lo relativo a ambas prestaciones –que son los de referencia para los usuarios que tienen una capacidad económica reducida–, se fijan en 965,34 euros para grandes dependientes para los que reciben prestación de grado III; 788,32 euros para los de grado II, y 405 euros para los de grado I.
Según destacaron desde la Consejería que dirige Isabel Blanco, se trata de unas cifras “sensiblemente superiores” a las establecidas en el marco estatal. En concreto, los dependientes de grado I y III a los que les corresponde la cuantía máxima de la prestación vinculada o de asistencia personal perciben en Castilla y León el 35% más de lo que establece el Gobierno de España que debería abonarse como mínimo (300 y 715,07 euros, respectivamente) mientras que las asignadas para el grado II son el 85% mayores que las estatales (426,12 euros).
En el caso de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención a personas con dependencia en su propio domicilio por un familiar o alguien de su entorno, que no estén vinculados a un servicio de atención profesionalizada, y siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. Su cuantía también depende de los importes máximos vigentes en cada momento, de la capacidad económica del interesado y de su grado de dependencia.
De este modo, según recoge la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, las personas dependientes a quienes correspondan las cuantías máximas para financiar este apoyo en la comunidad en 2022 percibirán 430,28 euros si tienen reconocido el grado III; 298,36 euros para grado II y 169,83 euros para grado I. Estas magnitudes son también el 11% más elevadas que las fijadas en el ámbito estatal, que ascienden a 387,64 euros, 268,79 euros y 153 euros para los grados III, II y I, respectivamente.
Castilla y León, líder en plazas para mayores
Castilla y León, con 48.211 plazas residenciales para mayores, tres de cada cuatro con financiación pública, y 7,16 plazas por cada cien mayores de 65 años, encabeza ese indicador en el conjunto autonómico, que indica que la comunidad supera en 17.541 plazas la ratio del 5% fijado por la OMS. Solo cinco autonomías, encabezadas por Castilla y León, cumplen la ratio de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, y solo la comunidad castellanoleonesa alcanza esta ratio con plazas de financiación pública, con un 5,91%. Ese 5,91% del 2020 está por debajo del 6,30 del 2019 y del 6,08 del 2018, mientras que las plazas privadas han pasado del 1,53% del 2019 al 1,95 del pasado año en Castilla y León.
