Castilla y León, y otras siete comunidades, sellarán hoy, en Santiago de Compostela la mayor alianza alcanzada en España ante la reforma de la financiación autonómica, el sistema del que salen los recursos para pagar los principales servicios básicos, como la sanidad, la educación y la atención a los mayores. Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura suman en conjunto más de once millones habitantes, una cuarta parte de la población de todo el país y el 62% del territorio, unas cifras con las que pretenden tener una mayor influencia y peso que si fueran por separado a una negociación en la que está en juego el reparto de más de 130.000 millones de euros.
La primera aspiración es que el nuevo sistema dote de más recursos al conjunto de las comunidades autónomas, un objetivo complicado en un escenario económico como el actual, marcado por la crisis económica de la pandemia y en el que los ingresos fiscales han caído como consecuencia del parón económico derivado para hacer frente al coronavirus con confinamientos y cierres o parones en numerosos sectores. De hecho, las anteriores reformas del modelo de financiación siempre se han abordado en etapas de bonanza económica para poder regar los cambios con una cifra millonaria que dejara a todas las autonomías más o menos satisfechas. La crisis del coronavirus ha aflorado las insuficiencias de servicios básicos como la sanidad, de ahí que todas las comunidades coincidan, sin excepción, en la necesidad de más dinero para hacer frente a los costes reales de los servicios básicos.
Las primeras estimaciones fijan en 18.000 millones de euros el incremento que situaría el nuevo sistema en unos 148.000 millones de euros. A partir de esta cifra, el quid de la negociación está en que la prioridad de todas las autonomías está en elevar el dinero que reciben actualmente. Y es que el actual modelo, aprobado durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en 2009, ha revelado carencias importantes ante ciclos económicos marcados por la caída de ingresos. De hecho, muchas autonomías elevaron su endeudamiento durante los años de la gran recesión para poder financiar el gasto corriente generado, en gran parte, por los servicios básicos.
El actual sistema debía haber sido objeto de revisión en 2014, cuando se cumplían cinco años de su vigencia, pero la gran crisis económica de 2010-2011 llevó al gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, a postergar cualquier medida porque no había dinero para abrir el melón de nuevos cálculos y, sobre todo, nuevas reivindicaciones de autonomías en la que la reforma de zapatero y Elena Salgado no había surtido los efectos deseados, como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares o Murcia. Una de las posibilidades que baraja el Gobierno central es crear un fondo provisional, que sirva de puente hasta que mejore la coyuntura económica y permita afrontar las necesidades más apremiantes que tienen ahora las autonomías.
El debate está en los criterios
El principal motivo de debate, clave para alcanzar un acuerdo, radica en los criterios en los que se basará el nuevo modelo.
Mientras las autonomías más pobladas, como Valencia y Andalucía reivindican que prime el número de habitantes en el futuro reparto, la alianza de la que participa Castilla y León aspira a elevar el peso que ya tienen criterios como la dispersión y el envejecimiento, factores que influyen de manera determinante en el mayor coste real de los servicios ya que, por ejemplo, el mayor gasto en los recursos sanitarios se concentra en las edades más avanzadas, esto es en los últimos años de la vida. Ante esta realidad, que ningún territorio discute, las comunidades con mayor tirón turístico del país también aspiran a que se reconozca por primera vez el coste diferencial y el impacto económico que supone la población flotante a lo largo del año para la financiación de los servicios públicos básicos, sobre todo la sanidad.
