La Junta de Castilla y León ve "muy lejos" la posibilidad de volver a implementar restricciones generalizadas, como la reducción de aforos, por el aumento de casos cuantificado en los últimos días, pero sí estudia la viabilidad de instaurar el pasaporte COVID en la comunidad, aunque ven "ventajas e inconvenientes".
Para ello, la Dirección General de Salud Pública de la Junta ha elaborado un informe, que ahora estudiará el comité autonómico de expertos en COVID, sobre la posible implantación de este pasaporte, que estaría ligado a la ocupación hospitalaria de los hospitales de referencia de cada municipio y no a la incidencia acumulada de los mismos, ha informado este jueves en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Francisco Igea.
De este modo, el también vicepresidente de la Junta ha mostrado el rechazo del Ejecutivo autonómico a la propuesta realizada por el Ministerio de Sanidad de elaborar un nuevo marco común de riesgo, el denominado semáforo, con unas incidencias más flexibles, pero con restricciones generalizadas a implementar por las comunidades en el caso de rebasarse los límites de riesgo.
Sobre este informe de Salud Pública, Igea ha detallado que este documento "extenso" se compone de un listado de "ventajas e inconvenientes" sobre el pasaporte covid, que incluye entre las primeras el "incentivo" que supone para que las personas se vacunen y la "estigmatización" de los no vacunados en el caso de las segundas.
En este informe, la Dirección General de Salud Pública propone ligar la aplicación de este pasaporte COVID a la ocupación hospitalaria en la comunidad que en estos momentos está en riesgo bajo en las plantas y en niveles de nueva normalidad en las UCI, con Ávila a la cabeza en ambas, aunque Igea no ha especificado el porcentaje incluido en el informe.
