Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, anunció ayer que las prestaciones económicas del sistema de la dependencia subirán en 2022 un 4% para 77.000 beneficiarios, con el objetivo de hacer frente a la subida de los precios y de los costes de la vida.
Fernández Mañueco explicó que los beneficiarios recibirán a partir del 1 de enero de 2022 de forma automática, sin ninguna solicitud y tramitación, el incremento en la prestación que perciben con el objetivo de mantener su poder adquisitivo. En ese sentido, el presidente de la Junta remarcó que estas prestaciones, que recordó son compatibles con otras como las vinculadas a paliar la pobreza energética, “buscan proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables”. Su anunció se produjo en una jornada en la que se conoció que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó en Castilla y León un 6,1%.
El incremento de las prestaciones económicas de la dependencia beneficiará a más de 77.000 personas en la comunidad, siendo un total de 6.777 los ciudadanos de Zamora que percibirán esta subida en sus prestaciones.
El presidente también se refirió al incremento de la tarifa de la electricidad y aseguró ha puesto en marcha un paquete extraordinario para luchar contra la pobreza energética. En concreto, recordó que se va a incrementar las aportaciones a aquellas personas que son vulnerables, de forma, que las 45.000 familias, consideradas como consumidor vulnerable severo, recibirán el bono de 130 euros que se ha empezado a pagar esta semana, sin trámite de solicitud. Además, Fernández Mañueco también aseguró que aumentará en ocho millones las transferencias a corporaciones locales para ayudas de emergencia.
Mañueco pide la gestión del IMV y coordinación con la Renta de Ciudadanía
Además del anuncio realizado ayer por Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León reclamó ayer una mayor coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital, cuya gestión recordó ha demandado la comunidad, y la Renta Garantizada de Ciudadanía. Además, defendió la necesidad de que estas prestaciones estén vinculadas con la inserción laboral y social de sus beneficiarios. Fernández Mañueco lanzó esta petición a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, con quien se reunió y firmó un convenio de colaboración. “Vamos a estar pendientes”, dijo el presidente, “y a trabajar para que haya una perfecta coordinación entre las dos prestaciones”. La ministra respondió que el Gobierno “seguirá dialogando en esta materia con las comunidades” y “viendo qué capacidad tienen” para poder ir asumiendo “cotas de gestión más altas”. En su opinión, se debe trabajar “conjuntamente” y dialogar con las autonomías para que una política, como el Ingreso Mínimo Vital, funcione. Además, Belarra explicó que la segunda fase del despliegue del IMV son los itinerarios de inserción laboral. “Es evidente que por la celeridad de la medida, quedan muchas cosas por hacer”, destacó.
