La Universidad de Salamanca reunió este miércoles a las principales instituciones de Castilla y León, incluidas el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el procurador del Común, además de la Subdelegación del Gobierno, para abordar el reto demográfico mediante un “renacimiento rural”, en el territorio de la Comunidad. Así es como reza el título del Congreso Internacional ‘Rural Renaissance II: Acción, Promoción y Resiliencia’, que se celebra en Fonseca hasta este viernes, organizado por el Área de Derecho Administrativo y por el Grupo de Investigación Reconocido ‘Next Generation UE - Derecho Administrativo’.
Durante el evento, está previsto realizar un minucioso análisis de las estrategias y acciones puestas en marcha por el poder público con el propósito de hacer frente al reto demográfico y “potenciar la cohesión social y territorial del Estado”, al tiempo que contribuir al diseño de “soluciones tangibles” que permitan "poner en valor los recursos endógenos de los territorios rurales".
La sesión inaugural contó con la intervención del rector en funciones de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, quien agradeció su presencia a los presidentes de las distintas instituciones y destacó, precisamente, “la necesidad de implementar políticas públicas coordinadas en un territorio como el de Castilla y León”. La Universidad, según admitió Rivero, pretende con eventos como este contribuir a que se desplieguen las acciones que necesita el entorno.
La tercera edición de Rural Renaissance se celebrará en Zamora
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, reconoció que este congreso es una forma de consolidar la preocupación por los problemas del mundo rural, incluida la despoblación y anunció que, de hecho, la tercera edición de la cita se celebrará en su sede de Zamora. Además, recordó que el Consultivo ya planteó un informe de iniciativa propia sugiriéndole al Gobierno regional que, “en cada norma que elabore, tenga una visión del problema del reto demográfico”. Así, reclamó, en esencia, que el Ejecutivo incorpore un estudio sobre qué impacto tienen "sus preceptos, su normas o sus decisiones" en el mundo rural, mediante un informe “similar al de género, al de familia o al de adolescencia”.
Además, el procurador del Común, Tomás Quintana, apuntó su esperanza de que “el título del congreso no se quede en una simple denominación” y que, por lo tanto, “responda realmente a un resurgimiento y revitalización de todo el territorio de la Comunidad”. De este modo, Quintana exhibió su objetivo, con su presencia en Salamanca, de trasladar a la opinión pública y a la comunidad científica las cuestiones que, desde la institución, van conociendo acerca del mundo rural. Quejas que se refieren a "la prestación de los servicios públicos, el empleo o la vivienda”, según especificó. “Enunciamos, además, las posibles soluciones que nosotros, humildemente, podemos aportar, tanto a partir de las quejas que nos hacen llegar los ciudadanos como a partir de aquellas iniciativas que nosotros mismos consideramos que atañen a cuestiones que se tienen que abordar por parte de los poderes públicos”, valoró.
Cambio de paradigma
De igual manera, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, apuntó la necesidad de que las instituciones trabajen juntas en este proyecto. “Esta iniciativa nos permite formular propuestas conjuntas, coordinarnos, conocer las ideas y los proyectos que se están desarrollando al respecto”, incidió. Además, Cabero subrayó la necesidad de “un cambio de paradigma” en la sociedad, tal y como exige la Agenda 2030. “Ya está bien de minusvalorar el mundo rural, clave para avanzar en sostenibilidad. Necesitamos un medio rural fuerte, bien organizado, con buenas infraestructuras, con mayor conectividad en todos los ámbitos y con una cadena de valor que haga viable la actividad agroalimentaria”, afirmó.
En este sentido, el presidente del CES manifestó la importancia de la cohesión social y territorial. “No vamos a ninguna parte con una política que lleve a concentrar la actividad en pocos núcleos, una política solamente urbana que lleve a dotar de servicios públicos y de infraestructuras a una parte muy pequeña del territorio. Necesitamos, y creo que Castilla y León es promotora de esas políticas, una cohesión territorial y social que haga que la población esté convenientemente organizada y con posibilidades de crecimiento en todo el territorio”, valoró Cabero.
La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, recordó que “el renacimiento rural” es uno de los ejes fundamentales de la política del Ejecutivo central. “La cohesión social, económica y territorial pasa por acabar con esa brecha entre lo urbano y lo rural. De hecho, hay un Ministerio específico para trabajar en estas cuestiones”, recordó. Según destacó, además, los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia pueden ser “muy importantes” en la despoblación, ya que es un “eje central” con un total de 10.000 millones de euros, más de 4.000 en 2022. “Toda la coordinación interinstitucional es fundamental para llevar a cabo algo que es de justicia: empezar a incorporar el espacio rural, nuestros pueblos, en el espacio público”, concluyó.
Finalmente, el coordinador del congreso, Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, recordó que esta iniciativa forma parte de los trabajos que está desarrollando la Junta de Castilla y León para elaborar una estrategia de dinamización rural contando con la participación de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. “El objetivo es que consigamos absorber todos esos fondos que están encima de la mesa porque, de momento, el porcentaje no llega al 50 por ciento. Hace falta más personal y más dedicación a los documentos que nos pide Europa porque si seguimos improvisando no conseguiremos absorber todos los fondos”, advirtió, aclarando que es un problema común a otros países, pero que aquí se agrava por la descentralización”.
