Castilla y León es la comunidad donde el Gobierno ha dedicado un mayor esfuerzo inversor durante el primer semestre de 2021, lo que le ha permitido alcanzar los 127,62 millones de euros, la mayor cifra en los últimos cuatro años. De esta forma, se sitúa en el podium inversor por delante de la Comunidad de Madrid (117,5 millones), Aragón (112 millones) y Murcia (102 millones), de acuerdo a un informe de la Intervención General del Estado y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esta lluvia de millones permite al Estado recuperar su inversión en la comunidad previa a la pandemia del COVID-19 e incluso superarla ligeramente, puesto que en los primeros seis meses de 2020, el periodo que coincidió con el confinamiento más duro, se contabilizaron por los interventores del Estado 103,9 millones en obligaciones reconocidas, por debajo de los 124,39 de 2019 y los 111,56 de 2018 y los 109 de 2017, estos dos últimos años, correspondientes al Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, los 127,62 millones de este primer semestre permiten al Estado haber cumplido con un 36,8% de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este 2021, el primero que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que la cifra total estimada fue de 346,67 millones, que fueron consignados en el anexo de inversiones reales y la programación plurinanual.

Este porcentaje de cumplimiento en Castilla y León supera notablemente la media nacional, que se situó en el 18%, al reconocerse el abono de 1.476,4 millones, de 8.223, puesto que a los fondos asignados a cada autonomía se unen otros 503 millones sin territorializar. De forma que en la comunidad la ejecución presupuestaria del capitulo seis, correspondiente a inversiones reales, es más elevada que de media en España. De los 127,62 millones contabilizados por la Intervención General del Estado, tras analizar el grado de ejecución de la inversión, la mayor parte corresponde al área del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que aporta 104,66 millones, el 32,6% de lo previsto inicialmente, 10,74 millones al de Justicia, 6,61 millones al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 3,6 millones al de Agricultura, Pesca y Alimentación. La inversión que llegó a Castilla y León lo hizo principalmente a través de las empresas públicas y fundaciones puesto que movilizaron en la comunidad 115,86 millones.