Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria anunciaron hoy en León que abandonarán el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para elaborar una estrategia nacional para la gestión del lobo. De manera paralela, crearán un grupo de trabajo independiente que elaborará un censo de la especie.

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Así lo anunció hoy el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, tras mantener una reunión de coordinación en la capital leonesa con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, así como con los responsables técnicos de las Comunidades Autónomas.

Arranz explicó que la decisión de no formar parte del grupo de trabajo se debe a “las irregularidades detectadas” en el mismo, donde aseguró que “se está utilizando como excusa que se está elaborando una estrategia con la participación de las Comunidades Autónomas cuando las aportaciones no se están incorporando”.

Un grupo paralelo para una gestión "coherente"

Por este motivo, las cuatro comunidades autónomas del noroeste de la Península, que gestionan el 98 por ciento de las poblaciones de lobo crearán un grupo de trabajo paralelo con el que tratarán de “sacar adelante una estrategia que permita gestionar de una forma coherente las poblaciones del lobo ibérico”. Para ello, lo primero que harán será elaborar un censo de la especie, al entender que “lo primero para revisar una estrategia es saber qué población es con la que se cuenta”, ya que mientras que el Ministerio “elude que uno de los argumentos claves es que el lobo está en un estado desfavorable”, la realidad es “todo lo contrario”.

A partir del censo, al que el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal definió como “cimientos sólidos”, el grupo elaborará una estrategia acorde a su estado que permita gestionar adecuadamente la población para que siga en su estado de conservación y, al mismo tiempo, permitir su convivencia con la ganadería extensiva.

Una convivencia para la que, además de las medidas preventivas, José Ángel Arranz, se necesita “una facilidad para realizar controles poblacionales en los casos en los que no se puede disminuir daños”, ya que “los ganaderos trasladan de forma continua que no quieren tener excesivos daños en sus explotaciones y poder realizar su actividad de una forma racional”.

Una vez concluido el borrador de estrategia de las cuatro Comunidades Autónomas, se propondrá en Conferencia Sectorial “cuando llegue el caso de elevar un documento para ser aprobado”, para lo que esperó “contar con el apoyo de otras comunidades que entiendan que el proceso de elaboración y el contenido es acorde con la situación poblacional del lobo y que permitirá la convivencia con ganaderos”.

Aportaciones ignoradas

La directora general de Patrimonio Natural de la Junta de Galicia, Belén do Campo, explicó que la decisión de abandonar el grupo de trabajo se adelantó anoche al director general de diversidad del Miteco, mientras que hoy se le trasladará a los representantes del Comité de Flora y Fauna.

Una decisión que se debe a que “el Ministerio no ha respetado ni los tiempos ni los acuerdos adoptados”, de manera que “ha impuesto la elaboración de una estrategia para justificar un cambio en el estatus legal de la especie” en una hora de ruta “inflexible” que “ha despreciado la experiencia y competencia en la gestión de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias”, cuyas aportaciones “se han ignorado”.

Para el director general de Medio Natural y Planificación Rural del Principado de Asturias, David Villar, “de nada vale que el Ministerio elabore una estrategia si no es consensuada” y pretende “destruir la buena voluntad de trabajo para con la especie” al partirse de “una premisa falsa e inexacta respecto conocimiento” de la misma y haberse trasladado a Europa “un informe que no tiene en cuenta los datos de las Comunidades Autónomas”.

Medidas Cautelares

El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, Antonio Javier Lucio, recordó que las cuatro Comunidades presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden de inclusión del lobo como especie protegida, al tiempo que solicitado como medida cautelar la suspensión de dicha orden, al entender que “el lobo está siendo gestionado por las cuatro Comunidades que han conseguido que la especie remontara una situación crítica”, por lo que pidieron que, mientras se dirime el fondo del recurso, siga siendo gestionado por los Gobiernos autonómicos.

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Entre las razones del contencioso presentado, trabajado entre Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantrabria desde el punto de vista técnico y jurídico, se encuentran que “no hay una razón del estado de conservación de la especie, ni ninguna modificación en la normativa europea”, así como que “altera la normativa de cuatro comunidades autónomas, no tiene memoria económica y no es coherente con el texto de entrada en vigor de la ordena”.

“Que cuatro Comunidades Autónomas de diferentes colores políticos estén de acuerdo en que una orden ministerial no se ajusta a la realidad pone en evidencia un fracaso absoluto del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha impuesto una normativa contra el criterio de quienes tienen la potestad en la gestión del lobo”, concluyó Lucio.