Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad y con aplausos de la bancada socialista una moción en la que se insta a la Junta a la realización de una auditoria de los contratos de la empresa adjudicataria del transporte sanitario de la Comunidad, Ambuibérica, a la que la oposición atribuyó irregularidades con los empleados y en el uso y calidad de las ambulancias.
En la presentación de la moción, seguida desde la tribuna de invitados por representantes sindicales y por otros concentrados en las puertas de las Cortes, la socialista Yolanda Sacristán denunció “los incumplimientos” de la empresa Ambuibérica, con vehículos que superan los 400.000 kilómetros exigidos en el contrato.
“Hablamos de una empresa que mantiene hacinados a los pacientes por la falta de ambulancias”, siguió, para indicar que la Junta la ha destinado más de 800 millones de euros sin que se haya fiscalizado su actuación. “Qué tipo de inspección han hecho”, inquirió, para insistir en quién fiscaliza el millón recibido por la empresa durante la pandemia.
Sacristán reclamó que se piense en los pacientes y en los trabajadores para elaborar una auditoria completa a la empresa y, en caso de que incumpla, se la obligue a subsanar las irregularidades e incluso a proponer la resolución del contrato. “Hoy tienen que elegir entre la salud de los castellanoleoneses o los intereses de una empresa”, zanjó.
Seguimiento y control
El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado manifestó que se trabaja para mejorar la sanidad de Castilla y León, defendió a la empresa Ambuibérica y planteó una enmienda en la que cambió la realización de una auditoria por la supervisión, control y seguimiento periódico para el cumplimiento de los contratos.
Delgado rechazó que exista una falta de control y enumeró reuniones de las gerencias, aunque reconoció problemas y la mejora del servicio pero evitó que se creen “alarmismo” porque la comisión de transporte funciona y concluyó que solo hay un 0,04 por ciento de reclamación al servicio. “Todo es mejorable y estamos trabajando para que sea así”, concluyó.
Por su parte, la popular Ángeles García pidió que se denuncie en un juzgado si la empresa usa vehículos de Sacyl para traslados privados o incumple el contrato tanto con los empleados como en los medios, pero criticó que solo se denuncie a la compañía en Castilla y León cuando tiene contratos en otras comunidades, en lo que vio como “un afán de destrucción del tejido empresarial”.
García manifestó que los controles y las inspecciones existen por la Gerencia de Urgencias Sanitarias en todas las provincias para realizar un seguimiento del contrato y añadió que, si se detecta alguna irregularidad, se pone medidas correctivas. “Solo les interesa propaganda incendiaria con medias verdades”, censuró, para añadir que el 98 por ciento de los usuarios está satisfecho con el transporte sanitario. “El Grupo Socialista solo hunde esta tierra, que triste”, zanjó.
Yolanda Sacristán no aceptó la enmienda de Cs, aunque reconoció que con la misma “deja claro que la Junta no está actuando”, por lo que reiteró la petición de una auditoria de inmediato y recordó preguntas del anterior procurador naranja y hoy gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, relativas a deficiencias en el transporte sanitario. “Si tuvieran un poco de dignidad, se irían a su casa”, aseveró.
“Cómo van a fiscalizar una empresa en la que hay amigos y afines”, afirmó Sacristán, para considerar que para el Partido Popular “la sanidad es un negocio”. “Ya no engañan a nadie”, señaló, para volver a enumerar las irregularidades que les han trasladado los trabajadores de la empresa. “Ustedes lo saben todo, pero no supervisan el contrato”, censuró.
“Manifestar todo nuestro apoyo a esta moción, lo que ocurre con el transporte sanitario es una vergüenza y una ignominia”, inició su intervención Pablo Fernández (Podemos), que defendió que el transporte sanitario sea público y denunció también a una empresa que no cumple con sus trabajadores y que “tiene vehículos que son una auténtica tartana”. “Ustedes ante ello no hacen nada, ni promueven una inspección, se les tiene que caer la cara de vergüenza, anteponen los intereses de sus afines a la salud”, sentenció.
