La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha ordenado la vuelta a la "completa presencialidad" de los empleados públicos de la comunidad que comenzaron a teletrabajar como consecuencia de las restricciones por la pandemia del COVID, lo que se materializará desde mañana, 1 de octubre.

Así lo ha anunciado este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha recordado que para la vuelta al trabajo presencial de estos empleados regirán los criterios preventivos generales, en referencia al uso de mascarilla y distancia interpersonal, entre otros.

Igea ha vinculado esta decisión con la mejoría de los datos epidemiológicos, en un momento en el que la vacunación prácticamente se ha completado en esta comunidad.

Este acuerdo deja sin efecto lo establecido en el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la comunidad con motivo del COVID-19.

Este acuerdo, que ha sido analizado con los sindicatos en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos, es de aplicación al personal que preste servicios en la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y en los Organismos Autónomos dependientes de esta.

De este modo, están excluidos, debiendo atender a la organización propia de cada consejería, el personal que preste servicios en los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y los centros de servicios sociales dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, aunque en estos casos mayoritariamente sus profesionales desempeñan labores presenciales incluso durante la pandemia.