La Junta de Castilla y León y los partidos de la oposición parecen haber abierto un cauce de diálogo para afrontar, de forma consensuada, el futuro de las políticas de prevención y extinción de incendios en la Comunidad, aunque aún mantienen discrepancias y reproches, especialmente vinculados a lo ocurrido recientemente con el fuego de Navalacruz (Ávila).
En distintos formatos, el Gobierno y los grupos parlamentarios trabajan ya en esta iniciativa, aunque se sumarán próximamente otros dos foros: la comisión de investigación sobre el incendio de Navalacruz –22.000 hectáreas arrasadas– solicitada por Por Ávila y apoyada por el PSOE y una ponencia específica dentro de la comisión parlamentaria de Fomento y Medio Ambiente, propuesta este lunes por el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En este sentido, ha propuesto “mirar al futuro” y “proponer alternativas” ante el nuevo tipo de incendios que percibe a nivel global, con la mejora del operativo contra los fuegos centrada en una mayor dotación de medios y unas mejores condiciones para el personal, entre otras iniciativas.
Durante su comparecencia parlamentaria, Suárez-Quiñones ha asegurado que en el incendio de Navalacruz (Ávila) que se declaró el 14 de agosto se dieron las peores circunstancias y “le realidad superó las previsiones”, al registrarse una climatología peor de la que se esperaba, lo que contribuyó a un incendio devastador. Suárez-Quiñones ha explicado que, además de estar en esas fechas en riesgo alto de incendios, se había declarado alarma por el riesgo de incendios entre los días 14 y 16 de agosto.
