El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tildó hoy de “perjudicial para la biodiversidad, temerario para los recursos hídricos y desastroso para la actividad económica” el vaciado del embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora, mientras Vox le pidió que “no se ampare en la competencia estatal para eludir el problema”.
En el pleno inaugural del curso político en las Cortes de Castilla y León, Fernández Mañueco solicitó al Gobierno una “compensación adecuada” para los territorios que sufrieron las consecuencias del desembalsamiento de Ricobayo como respuesta a la pregunta realizada por la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, en la que inquiría sobre las acciones impulsadas por la Junta para denunciar el vaciado del embalse, evaluar el impacto ambiental y paliar los daños al ecosistema y a la economía de las poblaciones ribereñas.
Mañueco aseguró así que desde la Junta están “trabajando para reparar los efectos” del vaciado del embalse exigiendo al Gobierno “que no vuelvan a producirse hechos de características similares” pese a la “animadversión con las personas de Castilla y León” de la que el presidente de la Junta acusó al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
“Permitir el vaciado del embalse no ha servido para que la tarifa eléctrica haya bajado”, lamentó además Mañueco, recordando que el Gobierno tenía que haber estado “más encima” y que, por ello, la Junta dirigió una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para “remitirle nuestra queja por la situación y explicando que había que reparar las consecuencias ambientales, garantizar el abastecimiento de agua potable y compensar los perjuicios producidos a los habitantes de la zona”.
Además de esa acción, Mañueco recordó que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en las Cortes una PNL en la que insta al Gobierno a realizar “tales reparaciones económicas”, solicitando para su aprobación tanto el apoyo de la procuradora de Vox como de todos los representantes en las Cortes, para además exigir “las responsabilidades pertinentes”.
También pidió el presidente de la Junta al Gobierno que “actualice las concesiones de explotación de los embalses” para adaptaras a los condicionantes de la Agenda 2030, un plan en el que defendió que “participan la inmensa totalidad de las organizaciones gubernamentales del planeta”, con el fin de “armonizar las necesidades de producción eléctrica con las ambientales, económicas, turísticas y sociales”.
Por último, Mañueco consideró “imprescindible” un “mayor compromiso” del Gobierno de España con las zonas de producción eléctrica, ya que asumen “muchos sacrificios por el bien común del país”, y por ello reclamó “compensaciones adecuadas para estos territorios”, a través de un menor pago de impuestos y de menores costes energéticos donde se produce la energía.
También competencia autonómica
No resultó satisfactoria la respuesta para la procuradora del Grupo Mixto, en representación de Vox, en las Cortes de Castilla y León. Y es que Fátima Pinacho, aún concediendo que la gestión de estas aguas es “estatal” y que, por tanto, corresponde tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que acusó de “dejación de funciones”, también acusó a la Junta de no haber denunciado lo sucedido a la CHD y haber exigido la comparecencia de su presidenta.
“No basta una carta a la ministra ni una resolución del Procurador del Común, hay que dotar de ayudas directas o indirectas a la zona para restituir el abastecimiento de agua y paliar las numerosas pérdidas sufridas”, aseguró Pinacho, que también exigió a la Junta un estudio de impacto ambiental porque el ecosistema “no puede dejarse a merced del beneficio económico privado”.
