Castilla y León deberá tener instalados más de 14.600 puntos de recarga para coches eléctricos en 2030. Así lo estiman la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la patronal de los concesionarios (Faconauto) en el Mapa de Despliegue presentado para la comunidad, y que pretende facilitar e impulsar el mercado del sector, tanto eléctricos enchufables como híbridos, para alcanzar un parque de tres millones de turismos en España que exige para 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El objetivo para España es el de alcanzar los 340.000 acoples en este sentido.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 539 puntos de recarga de acceso público. Este sistema permite planificar y monitorizar, año a año a nivel cuantitativo y cualitativo, el desarrollo de infraestructura de recarga de acceso público necesaria a nivel nacional, comunidades autónomas, provincias y principales corredores por nivel de intensidad media de transporte.

Para establecer el indicador sobre los puntos necesarios y su distribución a lo largo de la comunidad se ha partido de la previsión de cuota de parque de vehículos electrificados (turismos y comerciales ligeros) en cada provincia hasta 2030, el peso de población motorizable en cada provincia y la cuota de PIB por provincias, para posteriormente aplicar una distribución cualitativa por provincia en base a tres ratios: un punto de más de 50 kilovatios por cada 100 vehículos eléctricos puros; uno de más de 150 kW por cada mil vehículos eléctricos puros y otro más de 250 kW por cada mil vehículos eléctricos puros.

Este análisis se complementa además con un estudio de la necesidad de infraestructura de alta potencia, por encima de los 250 kilovatios, en los principales corredores de la Red de Carreteras del Estado. Para este análisis, se han tenido en cuenta las intensidades medias diarias por tramo de vía y provincia, una distribución mínima de un punto por cada 150 kilómetro de vía, la cuota de vehículos eléctricos puros sobre el total del parque de vehículos en cada provincia y que el tiempo de espera para recargar no sea superior al de un vehículo que ya esté cargando. De este modo, se obtienen el número de puntos mínimos de alta potencia en cada uno de los corredores por provincias.

El cruce de ambos análisis da como resultado el detalle de cuántos puntos de recarga de acceso público y de qué potencia deberían desplegarse. 

Como hitos intermedios en Castilla y León, la metodología lleva a una red mínima de puntos de aproximadamente 2.831 en 2023 y 4.585 en 2025. A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2023; 120.000 en 2025, y 340.000 en 2030.

En este sentido, ANFAC y Faconauto explicaron que es prioritario que el Gobierno establezca una hoja de ruta, con objetivos vinculantes, basada en una metodología consensuada. Disponer de esta herramienta es necesario si se aspira a un desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público en número, capilaridad y calidad, compatible con los objetivos planteados por el Gobierno en el PNIEC 2021-2030. Para ello, es necesario “romper la progresión tendencial actual y evolucionar a un escenario óptimo de despliegue que deberá apoyarse en dos pilares clave”. En primer lugar, un órgano de gobernanza, auspiciado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permita coordinar y monitorizar este despliegue, así como el desarrollo de medidas urgentes y habilitantes que hagan frente a las numerosas trabas administrativas y barreras regulatorias para la puesta en marcha de un punto de recarga.