El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en su sesión de ayer el anteproyecto de la Ley de Derechos y Garantías de las personas al final de su vida para garantizar la voluntad y el respeto a la dignidad de todos los ciudadanos durante el proceso final de su vida.

El texto “viene a completar un hueco imprescindible en nuestra legislación”, aseguró Francisco Igea, quien afirmó que la ley, cuando acabe su tramitación, “va a garantizar a los ciudadanos de Castilla y León algo esencial: que hay un camino entre el suicidio, la eutanasia y el sufrimiento”. “Es un camino que tenemos que garantizar”, manifestó el vicepresidente de la Junta, que señaló que los pacientes en los últimos momentos de su vida “serán informados correctamente de sus derechos, van a poder declarar sus voluntades y conocer sus perspectivas”, entre las que se incluyen “qué tratamientos se les ofrecen y a los que tienen derecho a renunciar”.

También incluye la información sobre las medidas de soporte vital, como la nutrición o la hidratación forzada, así como derechos como la sedación para aliviar “todos sus síntomas, no solo el dolor”, aseguró el vicepresidente.