Castilla y León recibirá 37,1 millones de los 687,75 de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que ayer se repartieron durante la celebración de la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que presidió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La consejera de Empleo e Industria de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, junto a sus homólogos en Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia, expresó su rechazó al diseño “impuesto” por el Gobierno de España para que estos sean destinados a una relación de destinos funcionales concretos. Los consejeros de estas cinco comunidades autónomas mostraron su rechazo a esta “invasión de competencias”, puesto que su participación en la propuesta fue “puramente testimonial”.
Carlota Amigo insistió especialmente en “la rigidez de la propuesta, que no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio”. También, lamentó que supone “un incremento de la carga administrativa que dificulta la tramitación y encarece la gestión”. Los representantes de estos gobiernos autonómicos remarcaron, según informaron fuentes de la Junta, que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, trasladaron que “son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo”.
Los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid mostraron su desacuerdo con el comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como “meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión”.
