El Procurador del Común ha comunicado este lunes una resolución por la que ha estimado las quejas de 990 trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales, tras una campaña promovida por UGT, y que obliga a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta a que valore la aplicación del acuerdo sobre medidas COVID 32/2020, de 2 de julio, a los trabajadores de dicha Gerencia y negocie su aplicación con la representación de los trabajadores.
En un comunicado de la organización sindical se explica que dicho acuerdo, que regula las medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, excluía expresamente de dichas medidas "los centros de servicios sociales dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales".
Dicha exclusión dejaba a un "importante número" de empleados públicos fuera de acuerdos y compensaciones que hagan una equitativa aplicación de la norma.
Ahora, mediante esta resolución, el Procurador del Común, insta a la Junta de Castilla y León a que proceda a negociar dichas medidas para este personal, igual que se hizo en su momento para el resto de los empleados públicos de la Administración Autonómica.
Por su parte, UGT ya ha solicitado, tanto a la Dirección General de la Función Pública como a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que se proceda a convocar de forma urgente a los agentes sociales para iniciar dicha negociación.
