El pleno de las Cortes aprobó ayer el proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, con 79 votos a favor, ninguno en contra y con la abstención de Podemos, con la que se da seguridad jurídica, se apuesta por una actividad sostenible y ordenada y se defiende al mundo rural.
Tras su aprobación, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, agradeció la colaboración de los grupos y aseguró que la comunidad cuenta con una ley moderna que será referencia en España. También, los procuradores del PP Salvador Cruz y Ricardo Gavilanes y de Cs José Ignacio Delgado destacaron el amplio acuerdo con el que sale la nueva norma.
Al consenso se sumó el Grupo Socialista tras aprobarse una de sus demandas en relación al silencio administrativo en la resolución de los planes energéticos, que se había convertido en un escollo, por considerar que el cambio introducido vía enmienda por PP-Cs al texto original no daba seguridad jurídica.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación del texto, detalló las novedades de una ley que data de 1996 y se modificó en 2019 y subrayó que se adapta el marco normativo a la realidad social, a la vez que se da seguridad jurídica a las partes. Suárez-Quiñones destacó la planificación para garantizar una caza ordenada y controlada, señaló el nuevo sistema para seguir las poblaciones de Castilla y León, destacó la figura de los cotos colaboradores y del cazador colaborador. Igualmente, señaló como novedad la denominada “Emergencia Cinegética” para acometer situaciones de urgente actuación en caso de importantes daños por una sobrepoblación intensa de determinadas especies. “Es una ley que avanza sobre la conservación y con respeto a los ecosistemas”, afirmó.
La ley limita a la Administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie, pero la habilita para excluirla de forma rápida. Además, regula la posibilidad de que una especie cinegética sea declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión específicos.
Desescalada sanitaria, con consultas abiertas
Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta a presentar un plan de desescalada de la sanidad pública de la comunidad, que incluya la recuperación de la presencialidad y la apertura de los consultorios locales con la dotación, frecuencia y tiempo de servicio previos a la crisis antes de que finalice el mes de junio. La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue aprobada, junto a la publicación detallada y desglosada del destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno a Castilla y León para reforzar el sistema público de salud, con los votos favorables de toda la oposición al Ejecutivo autonómico, pese al rechazo de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. No salieron adelante, sin embargo, los puntos 2 y 3 de la PNL, relativos a la presentación de un plan de refuerzo de los servicios hospitalarios en la comunidad para reducir las listas de espera y de otro plan de refuerzo de la atención primaria y continuada en el medio rural durante los meses de verano, debido al “horizonte temporal utópico” que plantea la iniciativa, antes de que finalice junio, que fue considerado “inviable” por el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, uniéndose con su abstención al rechazo de PP y Cs. En el debate, el procurador socialista, Diego Moreno, afirmó que “la normalización de la Sanidad pública es prioritaria en Castilla y León” para “devolver a las personas la atención sanitaria en niveles anteriores a la pandemia”. Sin embargo, criticó que el Gobierno de la Junta permita que los ciudadanos “tengan que seguir salvando obstáculos”.
