El Consejo Consultivo aconsejó ayer a la Junta de Castilla y León evaluar las posibles consecuencias que pueda tener la aprobación de cada nueva norma o ley autonómicas en el impacto demográfico y la despoblación, tal y como trasladó el presidente de la institución propia, Agustín Sánchez de Vega, durante la presentación ante las Cortes de la Memoria 2020. Se trata de una “consideración esencial” que recoge el primer informe elaborado a iniciativa propia por la institución, enmarcado en el documento trasladado ayer al Parlamento autonómico, y que “podría servir para afrontar con mejor solvencia el propio reto demográfico”.
A su juicio, el punto de partida es la “constatación de que las diferencias territoriales pueden traer consigo consecuencias incompatibles con los grandes principios de igualdad y justicia en la recepción de los servicios públicos”. Hasta ahora, dijo, solo Galicia había incluido un informe similar en procedimientos de elaboración normativa, mientras que el anteproyecto de ley de dinamización demográfica, aún en fase de consulta pública en Castilla y León, “parece contener objetivos similares”.
El estudio, a iniciativa propia, según expuso Sánchez de Vega, propone un “posible modelo de indicadores o sectores de impactos en los que definir los resultados esperados o inesperados ante la entrada en vigor de la norma”. Entre ellas, enumeró tener en cuenta la evaluación en materia económica, fiscal o de empleo, la libertad de elección efectiva del lugar de residencia o el impacto cultural o institucional, formulaciones que debieran estar presenten en el informe de impacto propuesto.
Durante su intervención, informó además de que el Consejo Consultivo aprobó en 2020 un total de 458 dictámenes, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) resolvió 207 recursos, según recoge la memoria. Acompañaron en las Cortes los componentes del resto del Pleno del Consejo, los consejeros electivos María del Valle y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera.
