La posibilidad de que las comunidades autónomas mantengan en "situaciones de excepcionalidad" sus planes de control del lobo ibérico, recogida en una disposición del borrador de la Orden Ministerial que protege la especie, ha vuelto a suscitar polémica entre los conservacionistas y el Gobierno.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicó semanas atrás el proyecto de Orden Ministerial por el que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe), por lo que, y según lo previsto, el lobo (Canis lupus) dejará de ser especie cinegética en fecha no posterior al 25 de septiembre de 2021.
El borrador de la Orden incluye una disposición adicional que autoriza a las comunidades loberas a mantener planes de control poblacional en "situaciones de excepcionalidad", algo que para la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) es "incompatible con su estrategia de conservación ".
La polémica disposición permite "aplicar las medidas que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas" de acuerdo con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en concreto, para "prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas".Jorge Echegaray, miembro de la directiva de Ascel, ha explicado que desde el Ministerio que lidera Teresa Ribera se dio a entender que la caza del lobo se acababa, pero la disposición incluida en el borrador no lo deja, a su juicio, tan claro.
El Ministerio para la Transición Ecológica se "lava completamente las manos, huye de su responsabilidad", ha asegurado Echegaray, quien califica de "degradante" esta disposición , como indicador de una política ministerial que solo "intenta contentar a todas las partes en el conflicto lobero".Con este mandato -ha lamentado Echegaray- se sienta un precedente "gravísimo" en el marco de la protección de la biodiversidad: "a partir de ahora, añadiendo una disposición al marco jurídico, cualquier especie protegida en la actualidad o en el futuro se puede volver a cazar".
Sin embargo, la organización ecologista WWF no comparte la interpretación que Ascel hace del citado mandato: para ellos la inclusión del lobo en el Lespe es tajante y "no permite ninguna explotación ni actividad que dé muerte a los lobos, ni por supuesto su caza deportiva".Lo que sí permite -han explicado desde WWF- son determinados controles letales bajo un "régimen de excepcionalidad" que hay que justificar "mucho y muy bien", como daños graves a personas, cultivos o ganado.Para WWF, estas excepcionalidades están previstas en la directiva europea (92/43/CEE Directiva Hábitats) y de ahí emanan a nuestra legislación nacional; "ahora hay que atarlo muy bien y establecer premisas, porque, de manera excepcional, los planes de control son algo justificado y necesario".Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han mostrado su asombro ante la interpretación que Ascel aporta sobre la disposición de la Orden, y en la misma línea que WWF, han incidido en que "no es algo que proponga el Ministerio, sino que dicha regulación está contemplada en la directiva Hábitat europea".
Desde el Ministerio han resaltado la importancia de aplicar mecanismos para regular la población de esta especie carnívora: "No se puede hacer una orden ministerial si no se contempla una regulación de la población, aunque somos conscientes de que lo más adecuado sería una convivencia entre lobo y ser humano y que ambas partes no entraran en conflicto".A su juicio, se trata de una norma que tiene que consensuar los distintos puntos de vista de las partes implicadas, sin olvidar las regularizaciones de los ganaderos, porque ellos no pueden cargar con todo el problema, han observado dichas fuentes.
Hay que poner todo el empeño para que las poblaciones loberas no se extingan, han incidido desde Transición Ecológica, para hacer hincapié en que no se permitirá la caza deportiva del lobo, salvo "bajo estrictos criterios científicos".En España el lobo es una especie cinegética en cuatro comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja), mientras que en otras (Asturias) se puede cazar, aunque no esté debidamente autorizado por la administración, con el fin de controlar sus poblaciones, según el informe "No a la caza del lobo" de WWF.
En todas estas comunidades autónomas se cazan y matan lobos con la idea de controlar su población y hacer un control preventivo de daños, con la excepción de Galicia que aplica esta medida cuando los daños se han producido y no de forma preventiva.
