El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, instó ayer al Gobierno de la nación a pagar ya la deuda que tiene con la comunidad autónoma por la liquidación del IVA de 2017 –la Junta reclama 182 millones de euros– y constató a este respecto que “el tiempo va pasando y también corren los intereses en contra del Estado”.

Tras recordar que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la reclamación de la Junta de Castilla y León sobre esta materia concreta, el consejero animó al Ministerio a “cumplir cuanto antes la sentencia” para satisfacer sus deudas, en este caso con los ciudadanos de Castilla y León que han pagado sus impuestos para recibir unos servicios públicos “no para que se los quede el Gobierno”, ha afeado.

Fernández Carriedo reiteró que ya ha enviado una carta a la ministra, María Jesús Montero, para que eligiera si quería una vía bilateral para satisfacer la deuda con Castilla y León, la primera comunidad que ganó una sentencia, o si trataba el asunto en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, según ha lamentado, tampoco se ha convocado, ni para ese ni para otros asuntos necesarios como los fondos de la Unión Europea o el escenario de déficit y de deuda o la negociación del escenario de financiación autonómica. “La ministra está muy ocupada, se ve, y no ha tenido tiempo de contestarme en un sentido ni en otro”, aseguró.