El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) del grupo popular por la que rechaza la puesta en marcha de cualquier tipo de peaje o tasa por el uso de las autovías y carreteras convencionales, y en la que también se reclama al Gobierno que no incremente la tributación por uso, tenencia o adquisición de vehículos, así como tampoco sobre los combustibles que utilizan. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de los dos procuradores de Podemos, que se abstuvieron.

La popular María Ángeles García Herrero, que fue la encargada de defender la PNL, argumentó que se trata de corregir otra de las “lamentables” decisiones el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, reclamó al Ejecutivo que reduzca sus gastos ministeriales y que no intente implantar un nuevo impuesto a un servicio público que ya está fuertemente gravado a través de los combustibles fósiles y otros impuestos.

García Herrero indicó que la medida supone una incoherencia de las políticas de Gobierno, ya que mientras aboga por el uso de las vías de altas capacidad para reducir la siniestralidad, “ahora pretende desincentivar su uso”. “Estamos ante una mentira, un engaño, un ejercicio de demagogia y una falta de respeto. No se trata de ninguna propuesta. Es un compromiso real del Gobierno con la Unión Europea”, sentenció.

También ayer en las Cortes, el grupo socialista sacó adelante una proposición no de ley (PNL) por la que se insta a la Junta de Castilla y León a organizar durante los meses de junio y septiembre actividades que garanticen la conciliación de las familias ante la reducción, a cuatro horas en horario matinal, de los horarios lectivos de Primaria e Infantil. La propuesta contó con el apoyo del Grupo Mixto y de la procuradora no adscrita María Montero.

Fernando Pablo Romos, que defendió la propuesta por parte del PSCyL, reprochó que en la reducción del calendario escolar la Consejería de Educación no haya tenido en cuenta la opinión de la comunidad educativa. “La Junta desprecia a las confederaciones de AMPA y a los principales sindicatos al recuperar la jornada reducida de forma unilateral”. El procurador socialista recalcó que se trata de una petición “sencilla y justa” y con la que “da voz a miles de familias de Castilla y León. Además, argumentó que la jornada reducida tiene un explicación pedagógica, por el cansancio de los alumnos en el mes de junio, pero resaltó que el hecho de que las clases acaben a las 13.00 horas provoca un problema de conciliación.

Procurador del Común

Pero estos dos no fueron los únicos temas debatidos ayer durante el pleno. Los grupos de PP y de Ciudadanos expresaron además su respeto al Procurador del Común pero defendieron su derecho en aras a la libertad de expresión de criticar y discrepar de su informe, a la vez que tildaron de “sainete” y de “utilización partidista” de la institución que PSOE y Podemos pidan una rectificación de la Junta por “el ataque” del vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, al informe sobre la gestión del COVID en las residencias de mayores, que señala que muchos mayores no fueron llevados a los hospitales a pesar de estar infectados. La “falta de rigor” del informe del Procurador del Común, en palabras de Francisco Igea, tuvo continuidad en el pleno de las Cortes a través de la PNL de PSOE y Podemos, rechazada por PP y Cs y que contó con la abstención de Vox, en la que solicitaron rectificar y retractarse de sus críticas y que reconozca su papel en la garantía de los derechos de la ciudadanía de Castilla y León.

PP y Cs votan junto a los socialistas por error

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos se equivocaron ayer en la votación de la segunda moción debatida en el Pleno de las Cortes y respaldan la incorporación de psicólogos a los equipos de Atención Primaria propuesta por el PSOE. Durante el debate de la moción, que se produjo a primera hora de la mañana de ayer, tanto PP como Ciudadanos se manifestaron en contra de los dos puntos que finalmente aprobaron en la votación que se produjo en torno a las 13.40 horas, mientras que rechazaron las dos iniciativas en las que inicialmente eran favorables. De este modo, las Cortes, con el respaldo de todos los grupos, aprobó pedir a la Junta que incremente la red de centros públicos para prestar una adecuada atención a las personas con enfermedad mental e implementar programas de inserción laboral. Además, el error ha supuesto un apoyo unánime a facilitar el acceso de las personas con trastornos mentales a la terapia psicológica mediante la incorporación de psicólogos a los equipos de Atención Primaria.