La Junta de Castilla y León mantendrá las restricciones actuales frente al COVID-19 hasta el jueves, 20 de mayo, para analizar el impacto provocado por el fin del estado de alarma el pasado domingo y el levantamiento del toque de queda y el cierre perimetral. La próxima semana, el Consejo de Gobierno debatirá un acuerdo, que mantendrá el denominado ‘semáforo’, pero establecerá nuevos criterios e indicadores sanitarios para adaptar las medidas a la nueva situación.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que se celebra este miércoles al ser festivo mañana en Valladolid, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informó de que la Junta analizará el próximo jueves, 20 de mayo, la posibilidad de adoptar un acuerdo con cambios en los indicadores sanitarios.

Al respecto, Igea, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicaron que las actuaciones coordinadas, previstas en el ‘semáforo’, se mantienen, al igual que los niveles de alerta, si bien indicaron que se modularán los criterios fijados, como los 150 casos para cerrar el interior de la hostelería, al considerar que ya no hay una relación entre incidencia y letalidad.

Por tanto, la Junta trabaja para modular algunas medidas, si bien la consejera aclaró que el ocio nocturno no podrá abrir hasta volver a la nueva normalidad, debido a que está previsto, por acuerdo unánime de todas las comunidades, que se mantenga cerrado en los niveles uno, dos, tres y cuatro. Además, se están estudiando los protocolos facilitados por las asociaciones de hostelería para retomar su actividad, como en el caso de los banquetes.

Además, la consejera de Sanidad informó de que han solicitado un informe al comité de expertos, que esperan tener antes del próximo Consejo de Gobierno, para que les asesoren sobre cuál es su recomendación para la situación actual. No obstante, Verónica Casado puso el acento en los indicadores sanitarios, especialmente, la UCI, que recordó tiene una ocupación solo por el COVID del 26 por ciento, a diferencia de las plantas de hospitalización, que están por debajo del cinco por ciento.

Igualmente, Francisco Igea, que se mostró "razonablemente optimista", remarcó que se tendrá siempre en cuenta el objetivo “primordial” de “salvar vidas”, evitar el colapso del sistema sanitario y conseguir una reactivación “más rápida”, pero también “lo más segura posible”. Así, abogó por centrarse en el presente, frente a lo dicho por el “presidente EPI”, en referencia a las palabras de Pedro Sánchez sobre que el estado de alarma es pasado y que la vacunación es el futuro.

Asimismo, el vicepresidente indicó que en la reunión de este miércoles repasaron la situación, que recalcó “está mejorando notablemente”, puesto que indicó que la incidencia acumulada ya no refleja, a su juicio, “con exactitud” lo que ocurre tanto con la mortalidad, con los cuidados intensivos y con los ingresos, debido al impacto de la vacunación, que recalcó ha disminuido la letalidad notablemente, hasta el punto de que en esta cuarta ola no haya habido un exceso de mortalidad.

No obstante, Francisco Igea reconoció que las UCI presentan todavía una saturación por enfermos de coronavirus, al tener ocupadas más del 25 por ciento de las camas por esta enfermedad. Además, recordó que la media de edad es inferior en un 50 por ciento a los 60 años, mientras destacó que las unidades de hospitalización se están vaciando progresivamente.

De esta forma, el vicepresidente aseguró que les preocupa conocer qué impacto tendrá lo sucedido el pasado fin de semana con el fin del estado de alarma, por lo que pretender esperar para ver qué ocurre en los próximos diez días antes de tomar ninguna decisión. Francisco Igea señaló que el objetivo es “acompasar” las medidas restrictivas con la evolución de la situación sanitaria. Así, indicó que se reunirán con una asociación de Turismo Rural, como ya lo hicieron en Segovia con la hostelería.