La Junta de Castilla y León y el tercer sector de la comunidad explorarán nuevas vías para captar fondos de resiliencia europeos para proyectos en concurrencia dirigidos a la modernización y mejora tecnológica, con el fin de no dejar a ninguna persona vulnerable atrás. Con ese fin se constituyó ayer la mesa del tercer sector en el marco del plan de reconstrucción de la UE, que además de coordinar los proyectos de la Junta en los que participa el tercer sector –48 proyectos con 16 millones– explorará a qué otros fondos de nueva generación europeos para proyectos en concurrencia pueden optar las entidades sociales, no para prestar servicios sino para atender demandas tecnológicas. Así lo han explicado los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el responsable de CERMI en la Comunidad, Juan Pérez, en rueda de prensa previa a la constitución de esa mesa.
Los consejeros han recordado que Castilla y León ha sido la única comunidad que ha dado entrada a su tercer sector en los fondos europeos que ha asignado el Gobierno a la comunidad, algo más de 150 millones para tres años en servicios sociales. En concreto, la Junta remitió 166 proyectos por 150,74 millones, que el Gobierno debe enviar a la UE antes del 30 de junio, de los que el tercer sector participa con esos 16 millones y 48 proyectos, que una vez que cuenten con el visto bueno de la UE se formalizarán mediante convenidos con las distintas entidades, ya que se tratan de fondos para el sector publico, ha explicado Blanco.
Sentencia pago del IVA
Por otro lado, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, espera en “breve” una respuesta del Gobierno a su misiva del 28 de abril para dialogar sobre la ejecución de la sentencia del Supremo que obliga al Estado a pagar la liquidación del IVA de diciembre de 2017 más los intereses, aunque el fallo no incluye la cuantía.
Fernández Carriedo recordó que en este momento se está en fase de ejecución de sentencia aunque hay que concretar la cantidad, ya que solo la Junta ha calculado lo que se le adeuda, 182 millones más intereses, pero no ha habido un cálculo por parte del Gobierno central.
