El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 182 millones de euros a Castilla y León por un mes de IVA no abonado en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017, después de que la Junta interpusiera un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020. Después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta correspondientes al IVA, la administración autonómica solicitaba al Gobierno de España que se pagara a la comunidad la pérdida de ingresos, que ascienden a 120,49 millones de euros.

Asimismo, se solicitaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación, lo que conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Un comunicado de la Junta asegura que la administración autonómica ha intentado llegar a una “solución consensuada” previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años “numerosos” intentos para la reclamación de estas cantidades aunque al final ha tenido que recurrir a los tribunales.

“Es una reivindicación justa, legal y totalmente legítima”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer martes, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Castilla y León en la reclamación al Gobierno de la cuantía correspondiente a la parte transferida a las comunidades autónomas de la recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017, que “era una reivindicación justa, legal y legítima”. Carriedo celebró el sentido del fallo del Alto Tribunal y prometió reinvertir el dinero “en los servicios públicos de esta tierra”. “Estábamos convencidos de que teníamos razón y lo veníamos demandando desde hace tiempo. El IVA lo están pagando los ciudadanos de Castilla y León y creíamos que era justo y necesario que ese IVA, y especialmente con la pandemia, viniera a financiar los servicios públicos que presta la Junta, tanto en sanidad, como en educación y servicios sociales”, informa Ical.

El consejero de Economía y Hacienda lamentó que el Gobierno “no lo entendiera así”, ya que “se quedó con la totalidad del IVA y no repartió ese mes hacia las comunidades autónomas”, aunque finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta. “Haremos lo que siempre hemos hecho: mano tendida al Gobierno para resolver problemas, para actuar juntos en beneficio de la gente de Castilla y León, pero también exigencia firme en la defensa de los intereses de esta tierra, porque esos 182 millones corresponden a actuaciones en servicios públicos de aquí”, matizó.

Fernández Mañueco, sobre la sentencia: “Castilla y León gana, Pedro Sánchez pierde”

La Junta de Castilla y León urgió ayer una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que los 182 millones pendientes de la liquidación del IVA y actualización del sistema de financiación autonómica lleguen “cuanto antes” a la comunidad, tras la sentencia favorable del Tribunal Supremo, con la que estima que gana la región y pierde Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó ayer que se va a reclamar una reunión de este órgano y que el dinero que tendrá que abonar el Gobierno a la comunidad se destinará a la reactivación económica, autónomos, pymes y empresarios que más han sufrido por la pandemia, según declaraciones difundidas a través de un audio.

Fernández Mañueco resaltó además que el Supremo da la razón a la Junta de Castilla y León, en el recurso interpuesto contra el Estado, y subrayó que el Gobierno central ha vulnerado el principio de lealtad institucional y autonomía financiera de las comunidades. “Castilla y León gana, Sánchez pierde”, resumió.