El Consejo de Ministros aprobó ayer, a instancia del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución de más de 683 millones de euros a las comunidades autónomas para la Formación para el Empleo acreditable para personas desempleadas y ocupados. De esa cantidad, Castilla y León recibirá 43 millones.

La mayor parte de los fondos que llegarán a la comunidad estará destinado a oferta formativa para parados (34,4 millones), seguido del dinero que irá para los programas de las personas ocupadas (7,2 millones) y para otros específicos convocados por las autonomías (1,2 millones).

El dinero aprobado por el Gobierno central supone un 13,1% más que el año pasado. Un comunicado del ministerio precisó que ningún territorio recibirá una cantidad inferior a la que tuvo en 2020 y no están incluidas en esta distribución las actuaciones financiadas con cargo a créditos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Por su parte, las comunidades se comprometen a desarrollar las actuaciones entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. Estas deberán estar dirigidas a las necesidades del mercado laboral en relación con las acciones vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones, es decir, a la formación para el empleo acreditable. Se trata de una de las primeras actuaciones destinadas a formación de trabajadores, tanto en situación de desempleo como empleados, desde que el MEFP asumió las competencias de Formación Profesional para el Empleo en 2020.

Con esa asunción de competencias se da un paso más en el proceso de integración en un sistema único de la FP del sistema educativo y la FP para el Empleo, evitando así duplicidades y agilizando la planificación de la oferta formativa de estudiantes, trabajadores, empleados y desempleados. Este nuevo sistema integrado, que quedará consolidado con la nueva Ley de Formación Profesional actualmente en proceso de elaboración, acompaña a las personas en su formación a lo largo de toda la vida.