El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, ha elaborado un informe sobre el impacto que puede tener la elaboración de las leyes sobre el objetivo de luchar contra la despoblación que afecta a la comunidad y que este martes entregaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Sin aportar detalles en sendos comunicados enviados por la Junta y el Consultivo sobre esta herramienta, el órgano presidido por Agustín Sánchez de Vega ha considerado que se trata de una “iniciativa nueva destinada a que el Gobierno regional disponga de una útil herramienta en la elaboración de las normas que le permita evaluar las consecuencias favorables de éstas para hacer frente a la despoblación”.
El presidente del Consejo Consultivo también ha entregado al presidente de la Junta la propuesta de una nueva Ley del Consejo Consultivo, con la que pretenden “mejorar el funcionamiento integrado” de los dos órganos integrados en esta entidad: el propio órgano y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL).
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresaba ayer ante un grupo de empresarios de la comunidad que es “el momento de los valientes, de los mejores” ante el próximo reparto de ayudas europeas para dinamizar la economía con proyectos presentados por las propias compañías y las instituciones: “Castilla y León os necesita”, resumía en la reunión telemática de la Mesa Empresarial para los fondos Next Generation de la UE –Próxima Generación–, Mañueco ha asegurado que, como en otras ocasiones, ve a los empresarios “capaces” de sacar adelante esta situación generada por la pandemia y de aprovechar los recursos económicos que ponen a disposición las instituciones europeas para asegurar la recuperación.
Mañueco ha insistido en que en estos momentos resulta esencial que los sectores públicos y privados vayan “de la mano”.
Ha reclamado que los fondos llegados de Europa tengan la finalidad de “reequilibrar y vertebrar” el territorio, evitando que sean polos urbanos los que concentren la actividad y la población y se haga una apuesta por combatir el problema demográfico que afecta a lugares como Castilla y León. Para lograrlo, Mañueco ha defendido la necesidad de contar con criterios “transparentes y objetivos” para el reparto de los recursos y ha criticado que el Gobierno no haya convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero para analizar esta situación, que considera que perjudica a Castilla y León.
5.000 millones
Sobre las aspiraciones de Castilla y León a la hora de conseguir estos fondos, ha reiterado que su propósito es conseguir al menos 5.000 millones de euros de ayudas con los 454 proyectos actualmente presentados, que de materializarse en su totalidad requerirían un total de 6.800 millones de euros de ayudas. Mañueco ha defendido que la situación económica de Castilla y León, con datos menos negativos que a nivel nacional, sumados a una fiscalidad “inteligente y moderada”, pueden colocar a la comunidad en la recuperación de una forma más fácil.
