La Junta destinará 1,16 millones de euros para que Plena Inclusión desarrolle programas y preste servicios que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de Plena Inclusión, Juan Pablo Torres, firmaron en Valladolid, un protocolo de cooperación.

El acuerdo sellado hoy implica reforzar la vía de cooperación con Plena Inclusión, organización que aglutina a 36 asociaciones de las nueve provincias, volcadas en el apoyo a la discapacidad intelectual. De este modo, se incrementan el cuatro por ciento, con respecto a 2020, los recursos destinados a sufragar tanto los servicios de apoyo a las familias y de coordinación regional, como los programas de inclusión sociolaboral y de acceso a recursos en el medio rural, que ofrece esta organización.

El apoyo a las familias se concreta en la prestación de servicios de información, orientación y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de sus hijos y otros familiares y el acceso a los recursos disponibles. Plena Inclusión ofrece también formación en torno al rol como familiares de persona con discapacidad y fomenta las relaciones interpersonales y su participación en actividades para la discapacidad.

El servicio de coordinación regional incluye actuaciones de promoción de la actividad asociativa, información, sensibilización y difusión social, formación de profesionales y directivos, y apoyo al servicio de atención a las familias.

Por medio del programa de inclusión sociolaboral, Plena Inclusión trabaja para favorecer la participación social de trabajadores con discapacidad intelectual en alojamientos integrados de la comunidad. Les ofrece itinerarios personalizados para fomentar la adquisición de habilidades adaptativas y apoyo psicosocial para reforzar su autonomía personal, de manera que estas personas logren desarrollar una convivencia de forma normalizada.

Por último, el programa de acceso a recursos en el ámbito rural presta un servicio de transporte que permite a las personas con discapacidad intelectual residentes en pequeños municipios de Castilla y León acudir a centros y hacer uso de servicios públicos en zonas alejadas de su domicilio.

La cuantía que va a aportar la Gerencia de Servicios Sociales forma parte de un primer paquete global de ayudas a entidades del Tercer Sector, por un importe conjunto de casi 6,4 millones de euros, con los que el Gobierno de Castilla y León "refrenda su compromiso con la protección, atención, inclusión y promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".