La recaudación tributaria de Castilla y León ha caído en 2020 como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 un 9,8 por ciento con respecto al año anterior, una cifra que supone hasta un 41,11 por ciento si se compara con 2007, año en el que también comenzó la última crisis económica.

En concreto, la Junta de Castilla y León recaudó el pasado año 616,7 millones de euros frente a los 683,9 de 2020 y los 1.047 recaudados en 2007, según se extrae de la Memoria de la Gestión Tributaria de 2020 recogida por Europa Press.

Según los datos aportados, desde el año 2007 hasta el año 2019 la recaudación ha disminuido en casi 350 millones de euros, un 33,27 por ciento de la recaudación en el año 2007, y ha vuelto a caer en más de 67 millones de euros en 2020 como consecuencia del Covid-19.

En concreto, el pasado año la recaudación mayor vino de los tributos cedidos, donde se alcanzaron los 520,05 millones de euros (un 11,56 por ciento menos). El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales con 186,1 millones (-12,24 por ciento menos), seguido del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que alcanzó los 185,5 millones de euros (un -1,48 por ciento) y el de Actos Jurídicos Documentados 72,8 millones (-15,4 por ciento).

Tras ellos se sitúan el Impuesto sobre Afección Medioambiental, con 62,7 millones (0,67 por ciento más); la tasa sobre el Juego con 38,07 millones y un caída del 43,73 por ciento como consecuencia de los cierres por el COVID; el impuesto sobre Patrimonio con 37,3 millones y un incremento del 12,50 por ciento y el impuesto sobre eliminación de residuos con 7,6 millones de euros (-2,32 por ciento).

“El impacto económico y social provocado por la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 ha tenido también su reflejo en el ámbito de la fiscalidad”, ha señalado en su memoria la Dirección General de Tributos, desde donde se ha apuntado que la Administración Tributaria a aprobado medidas urgentes y extraordinarias dirigidas a paliarlas posibles dificultades económicas surgidas en los contribuyentes.

En la memoria se apunta a que “Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en aplazar los impuestos autonómicos tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con el objetivo de retrasar el pago de los mismos y facilitar liquidez al contribuyente y evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes, autónomos y personas físicas”.