La Junta de Castilla y León cerró 2020, el año marcado por el inicio de la pandemia del COVID-19, con superávit en sus cuentas públicas, que se situó en el 0,04 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma fue una de las nueve autonomías que presentaron números verdes. Así lo comunicó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, que indican que España cerró el ejercicio con un déficit público del 10,09 por ciento del PIB, casi 1,3 puntos mejor que el objetivo marcado por el Gobierno y comunicado a la Comisión Europea, del 11,3 por ciento, al situarse en 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. En lo que respecta las comunidades, los ingresos de este subsector registraron un incremento del 9,4 por ciento interanual (17.571 millones), gracias a un incremento del 17,3 por ciento en las transferencias recibidas de otras administraciones, por los mayores recursos recibidos del Estado y el aumento del 2,5 por ciento de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 10,6 por ciento por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Por comunidades autónomas, nueve registraron superávits: Andalucía (0,14 por ciento), Aragón (0,17 por ciento), Asturias (uno por ciento), Baleares (0,23 por ciento), Canarias (0,55 por ciento), Cantabria (0,51 por ciento), Castilla-La Mancha (0,41 por ciento), Castilla y León (0,04 por ciento) y la Rioja (1,06 por ciento). Por el contrario, registraron déficit Cataluña (-0,35 por ciento), Extremadura (-0,18 por ciento), Galicia (-0,08 por ciento), Madrid (-0,05 por ciento), Murcia (-1,12 por ciento), Navarra (-0,95 por ciento), Comunidad Valenciana (-1,15 por ciento) y País Vasco (-1,12 por ciento).

De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas a finales de diciembre, el gasto derivado de la COVID-19 ascendió a 13.149 millones, de los cuales 8.284 millones correspondieron a gasto socio-sanitario.

Evolución

Sin embargo, la ministra resaltó que el dato de déficit fue mejor de lo previsto por el propio Gobierno, así como por la Comisión Europea, que calculó un déficit del 12 por ciento para España; y el FMI, que lo situaba en el 11,7 por ciento. Por el lado de los ingresos, se produjo un descenso del cinco por ciento, lo que supone 24.487 millones menos. Sin embargo, la ministra resaltó que, “a diferencia de crisis anteriores”, en esta ocasión los ingresos tributarios cayeron menos que el PIB nominal, al disminuir un 8,8 por ciento, frente a la caída del 9,9 por ciento del PIB, aportando un total de 194.051 millones de euros, 21.674 millones menos respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, el único impuesto que vio crecer su recaudación fue el IRPF (1,2 por ciento), aportando 87.972 millones de euros, comportamiento que la ministra resaltó que “no es casual”, sino que se debe a medidas que sirvieron para salvar el empleo, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como a los incrementos en las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el salario de los trabajadores públicos.

Por otra parte, el gasto público aumentó un 10,1 por ciento, lo que implica un incremento de 53.070 millones respecto a 2019. Asimismo, puso en valor que la administración central financió a través de transferencias a otras administraciones el 90 por ciento del gasto público ligado al COVID-19, computando hasta 40.443 millones de gasto para combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia.

En cuanto a las corporaciones locales, sus ingresos descendieron un 5,7 por ciento hasta los 73.853 millones de euros, compensado parcialmente con el descenso de los gastos, que retrocedieron un 4,8 por ciento, hasta alcanzar los 70.983 millones. Las entidades locales vieron incrementarse los recursos procedentes del Estado, que alcanzaron los 19.119 millones.