Castilla y León es la comunidad, junto a Extremadura, donde más se paga por el impuesto de donaciones mientras que es la segunda con la fiscalidad más elevada en el caso del tributo de sucesiones, solo por detrás de Asturias. Un impuesto que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado lunes durante la moción de censura presentada por el PSOE contra el Ejecutivo autonómico que se debatirá la supresión de la fiscalidad por una herencia en el próximo Pleno de las Cortes, que fue un compromiso del acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
El Consejo General de Economistas de España presentaba ayer el estudio “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2021” que recoge el desarrollo de la capacidad normativa de cada Comunidad, respecto al IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En concreto, el informe elaborado por el registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) compara los tributos de todos los territorios de España y concluye que Castilla y León es la segunda comunidad donde más se paga al recibir la donación de un padre. En concreto, pone el ejemplo de un soltero de 30 años hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, que en Castilla y León deberá pagar 81.018 euros en concepto de impuesto de sucesión, solo por detrás de los 103.135 euros de Asturias. Esta misma persona en Andalucía, Cantabria y Galicia no tributa nada mientras que en Murcia, Extremadura y Madrid sería menos de 2.000 euros.
En el caso del impuesto de donaciones, esa misma persona que recibe bienes por el mismo importe deberá hacer frente a un tipo del 34 por ciento y abonar a la administración autonómica un total de 200.122 euros, la misma cantidad que en Extremadura. A continuación, están Aragón (177.706 euros), Asturias (176.700 euros) y Valencia (171.012 euros). En el lado contrario, se sitúan Cantabria donde no sería necesario pagar un solo euro al no existir el impuesto de sucesiones, seguido de los 2.000 euros en la Comunidad de Madrid y los 2.081 euros en Murcia y Andalucía.
A la vista de estas importantes diferencias en los impuestos propios, el Consejo General de Economistas aboga por contar con un “patrón común” para el establecimiento de tributos que graven el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para hacer tributar al mismo hecho imponible. “Se podría proceder a una armonización de los tributos propios que contemplara los principales elementos configuradores del tributo”, subrayó.
En todo caso, los economistas reconocen que, desde hace tiempo, se produce una competencia fiscal a la baja en el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante.
Los ingresos por impuestos propios y por habitante en España eran en 2015 de 50,9 euros y esta cantidad ha aumentado en 2019 hasta los 61,7 euros, con diferencias muy notables entre autonomías. No en vano, mientras que estos impuestos propios en Canarias supone 231,2 euros en Canarias y 188,7, en Castilla-La Mancha o Madrid no llegan a los diez euros. Según los datos Castilla y León también se sitúa por debajo de la media, con una recaudación de 35,2 euros por habitante.
