La Fiscalía mantuvo ayer sus peticiones de penas para el policía nacional jubilado que en 2018 mató a su mujer de un disparo en Astorga e hirió al vecino de ambos y añadió el agravante de género, por un delito de asesinato consumado por el que solicita una pena de 25 años de cárcel y siete años y seis meses por uno de asesinato en grado de tentativa sobre el hombre que sobrevivió al suceso. Las acusaciones elevan la solicitud total a 34 y seis meses de prisión.

Disparó para matar en ambos casos y no en un forcejeo, como sostiene. Quería hacer justicia a su manera. Su intención era clara”. Son afirmaciones que hizo ayer la fiscal en la exposición de conclusiones durante el juicio contra el policía nacional de Astorga, Ángel A. A., que en 2018 mató a su mujer, María Isabel Alonso, e hirió a un vecino, J. M. G., en las que sumó el agravante de género al de parentesco que ya mantenía para el delito de asesinato que le atribuye.

Las pruebas, argumentó, demuestran la culpabilidad del acusado. “Los datos excluyen que tanto el forcejeo que relata como que el disparo fuese accidental no pudo ocurrir, dada la distancia a la que quedó demostrado que se produjo”, añadió. “Estaban separados, la víctima hizo un gesto reflejo e inútil de defensa ante un arma de fuego y el disparo se dirigió a la cabeza; una zona vital. Por tanto, cuando apretó el gatillo quería matarla y sabía que iba a acertar. Era policía nacional y cazador”, añadió la fiscal y recordó que la víctima recibió al menos diez golpes previos antes de morir “que se los dio para arrebatarle el teléfono móvil”.