La Junta de Castilla y León denunció ayer que el Gobierno perjudica de nuevo a los castellanos y leoneses en el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas a empresas, pymes y autónomos, al aplicar los mismos criterios “discriminatorios” que en el reparto del REACT-EU.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pide la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer el reparto de los Fondos REACT EU y el de los 7.000 millones de ayudas directas a empresas, pymes, autónomos y profesionales en “igualdad y sin privilegios” entre territorios.
Así, recuerda que se asignaron a Castilla y León “únicamente” 335 millones de un total de 10.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que, en su estimación, supone una pérdida de 258 al no aplicarse el Sistema de Financiación Autonómica. En este caso se espera que el porcentaje sea todavía más perjudicial sobre los 7.000 millones, dado que el Gobierno ha preasignado ayudas directas a algunas comunidades que excluye a Castilla y León.
