La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, reclamó ayer en Valladolid “comprensión” y “sensibilidad” con las entidades locales que incumplen con la rendición de cuentas por sus dificultades “estructurales” y la falta de medios para llevar a cabo su labor de transparencia. En ese sentido, apostó por que las obligaciones legales que deben cumplir los ayuntamientos y las entidades locales deben ser “adecuadas” y “proporcionadas” a la administración que realmente es incumplidora y no la que tiene problemas para remitir la información al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Con motivo de la entrega del documento “El Consejo de Cuentas y las entidades locales de Castilla y León. Radiografía del sector público local” por parte del presidente de la institución propia, Mario Amilivia, a la presidenta de la FRMP, Armisén recordó que un total las 1.938 entidades locales de Castilla y León ha cumplido con la obligación legal de remitir la información sobre la contratación administrativa efectuada en el año 2020. Es decir, representa el 41 por ciento. “Las entidades locales cumplen y quieren cumplir con ese esfuerzo de transparecencia y de rendir cuentas así como de colaboración con el Consejo de Cuentas pero hay veces que ese incumplimiento se debe a la falta de medios”. En este sentido, reiteró la necesidad de que, “más pronto que tarde”, se cubran las plazas de habilitados nacionales en la comunidad. Unas declaraciones que se produjeron después de que Amilivia insistiera en la necesidad de dar un “nuevo impulso” a la rendición de cuentas para impedir que pueda existir opacidad en un porcentaje “todavía significativo” de las entidades locales. Recordó que en septiembre pasado el Consejo de Cuentas presentó a los diferentes grupos políticos de las Cortes una propuesta de reformas normativas donde, entre otras medidas, se planteaba condicionar el pago de ayudas y subvenciones al cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas.
