Un total de 22 manifestaciones o concentraciones se han comunicado a la Delegación del Gobierno en Castilla y León para el 8 de marzo, relacionadas con las reivindicaciones propias del Día Internacional de la Mujer que se desarrolla esa jornada, y que se celebrarán dentro de los condicionantes que exige cumplir con las normas contra el COVID.
"La Delegación del Gobierno no autoriza" esas concentraciones, que son un "derecho del ciudadano", y para las que se piden informes policiales, y sanitarios ahora en este momento de pandemia, por si cabe alguna consideración en contra, ha explicado este martes el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo.
No sólo se han planteado esas 22 manifestaciones relacionadas con del Día de la Mujer, también para ese 8 de marzo se han comunicado otras nueve concentraciones, una por provincia, convocadas por la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronarivus.
Y otra más, en Burgos, convocada por la Delegación diocesana Pastoral de Migraciones, según han detallado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Izquierdo ha explicado que en todas ellas, igual que con las que se han sucedido estos días por parte de los empresarios o la que hubo en Valladolid por los aforos de lugares de culto, se piden informes a las policías local y nacional y ahora con la pandemia también a la autoridad sanitaria, en este caso la Consejería de Sanidad autonómica.
En base a esas consideraciones de algún tipo de condicionantes o riesgo para seguridad ciudadana pueden ser informes desfavorables que lleven a que no se celebre.
En los casos de manifestaciones dentro de la etapa de pandemia, se han solicitado y se solicitan informes a la Consejería de Sanidad, de los que ninguno ha sido negativo y todos han incluido condicionantes de que se cumpla con las medidas de distancia de seguridad, uso de mascarillas y resto de medidas que rigen en la Comunidad para combatir el COVID ha explicado Izquierdo.
