La consejera de Educación, Rocío Lucas, descartó ayer el cierre de los centros educativos al considerar que son entornos seguros y responsables y apuntó que esa medida solo se contemplaría en el caso de un confinamiento “general” como ocurrió en marzo del año pasado, cuando se declaró el estado de alarma en toda España por la pandemia del COVID-19. De esta manera, la Junta coincide con la postura del Gobierno central ya que por la mañana la ministra de Educación Isabel Celaá, subrayó que el Ejecutivo de la nación no se plantea o tenga previsto recomendar el cierre de los colegios al precisar que los datos avalan que son entornos seguros.

Durante la presentación de las novedades del programa “Releo Plus”, Lucas reconoció que, tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, ha habido un mayor impacto de la pandemia en los centros educativos, con un incremento de la aulas cuarentenas, que está relacionado con el aumento de la incidencia del virus en la sociedad y en las calles. En todo caso, dejó claro que las aulas cuarentenadas hasta ahora no llegan a un porcentaje para considerar que es un elemento que “incide” de forma importante en la propagación del COVID. No en vano, precisó que las 368 aulas cuarentenadas a día de hoy suponen el 2,1 por ciento de las 17.000 existentes en toda la comunidad.

Además, la consejera precisó, según recogió la Agencia Ical, que la positividad de los alumnos al existir un contacto estrecho tampoco es elevada, al superar apenas el dos por ciento, tal y como ha quedado demostrado en los cerca de 6.000 test de antígenos realizados a personal y alumnos después de la Navidad. Con estos datos, Rocío Lucas significó que la obligación de la Junta es garantizar un derecho esencial y fundamental como es la educación. En este sentido, recordó que el cierre de los centros en marzo se produjo en un entorno “muy distinto” al existir un confinamiento general.

Por otro lado, los primeros medidores de CO2 comenzarán a llegar a las aulas de Castilla y León previsiblemente la próxima semana, después de que ésta se hayan firmado los contratos para su adquisición, según ha explicado Rocío Lucas. Lucas ha incluido esta medida dentro de las actuaciones que la Consejería está poniendo en marcha para garantizar la seguridad en las aulas, como la realización de test de antígenos para mejorar el rastreo y ha defendido que para la Junta de Castilla y León las aulas siguen siendo “el mejor entorno” para conciliar la seguridad de los menores y su derecho a la educación. La consejera ha recordado que tras el mandato para la dotación de estos dispositivos el pasado 7 de enero han transcurrido los doce días hábiles estipulados para poder formalizar el contrato, de modo que ya la semana próxima comenzarán los primeros envíos. En este sentido, ha aclarado que los cerca de 17.000 medidores que se adquirirán –uno para cada aula– “no llegarán de golpe”, ya que no hay ahora mismo esa cantidad disponible, pero “sí una primera parte importante”.